Una auditoría interna de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines demostró una partida de irregularidades en el ente. La Superintendencia de Bancos (SB) hizo lo propio pero se niega a hablar del tema.
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas en órganos pertinentes, como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, la Contraloría General de la República (CGR) y hasta la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El documento remitido a la Procuraduría señala a la firma Karaku S.RL. como parte de maniobras que ocasionaron perjuicios a la Caja.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: «Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Abel Florentín, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Financieras del Paraguay, así como el síndico de dicho grupo, Fernando Aguayo, conversaron con RDN y denunciaron además otras presuntas maniobras fraudulentas que hasta fueron advertidas por la Superintendencia de Bancos.
Mencionaron que la Asociación de Jubilados de Exfuncionarios de la Caja Bancaria y la Asociación de Jubilados de Bancos Privados también apoyan las denuncias realizadas.
Por otro lado, los datos de los presuntos malos manejos también fueron remitidos hasta la Fiscalía. La investigación está en manos del agente Martín Cabrera, sin embargo hasta el momento no hay mayores novedades al respecto.
Documentos filtrados
La Superintendencia se encuentra al tanto de lo sucedido y hasta emitió notas dirigidas al presidente de la Caja de Jubilaciones, José Antonio Caballero Bobadilla.
En el documento fechado en el 28 de abril de 2017 se hace referencia a Karaku S.R.L. y se reconoce que las operaciones fueron en detrimento de la rentabilidad del ente.
Otra de las denuncias realizadas por los representantes de los jubilados hace referencia a una contratación de una empresa para digitalización de documentos, por valor de G. 4.995 millones.
En este caso, la Superintendencia constató, de acuerdo a una nota fecha el 17 de octubre, que no se visualizaba el último pago a la firma Visual Research en el informe del área correspondiente.
Además, se menciona que la cantidad de documentos digitalizados no concuerda entre un informe enviado a la gerencia general del ente y la auditoría informática, en este último caso la diferencia era de al menos 400 mil documentos menos.
La dependencia supervisora pidió corregir los datos señalados en un plazo de 10 días.
Respuesta de la Superintendencia
RDN buscó la versión de la Superintendencia de Bancos del BCP, sin embargo la respuesta fue la siguiente: “La SB podría realizar comentarios generales sobre tendencias agregadas, mas no suele brindar entrevistas para atender casos particulares y/o denuncias sobre una entidad supervisada, considerando el carácter reservado – por mandato legal – de las informaciones a las cuales accede en virtud de sus funciones”.
