Según La Vanguardia de España, acusación pública debe decidir si coincide con el criterio de Hacienda y, en consecuencia, presenta querella.

Por otro lado, el entorno de Shakira asegura que la cantante ha cumplido con sus obligaciones fiscales y está dispuesta a hacer frente a las “consecuencias económicas de las discrepancias técnicas que tiene con la inspección de Hacienda. Se trata de una diferencia de criterio, no de ocultamiento fiscal”, según la fuentes consultadas por este diario.

El importe del caso, atendiendo a los ingresos de una artista de la reputación internacional de Shakira, es muy cuantioso, “de varias decenas de millones de euros”, según fuentes de la investigación.

Forbes, por su parte, afirma que Shakira ingresaba a comienzos de la década 25 millones anuales con sus giras mundiales, la cuarta en el ranking mundial.

El núcleo del problema entre la Agencia y Shakira se refiere a su residencia a efectos fiscales. Desde el 2011, cuando se formalizó públicamente su relación con el futbolista azulgrana Gerard Piqué, y hasta el 2014, es decir cuatro años, la artista colombiana se ha mantenido como residente fiscal fuera de España.

Desde el 2015, recién ha establecido su residencia en España a todos los efectos. Durante los años sometidos a inspección, sostienen las mismas fuentes, que Shakira no tuvo vivienda propia en Barcelona, y hasta el 2013 no tuvo el primer hijo con su pareja.

La diferencia entre uno y otro caso es de gran relevancia económica. La ley establece que la consideración de residente fiscal implica que el contribuyente debe tributar en España en el marco del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo.

Mientras que en el caso de no serlo, deberían hacer frente exclusivamente a los impuestos por los ingresos obtenidos sólo en territorio español. En este último caso, con un tipo de impuesto del 24%.