Gobierno busca endurecer penas por robo de energía y criptominería ilegal

Dos proyectos de ley relacionados al sector energético fueron anunciados en la mañana de este viernes por la vocera de la Presidencia, Paula Carro, en compañía de autoridades del área. La primera iniciativa plantea modificaciones al Código Penal para ampliar las penas por el robo de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y criminalizar la criptominería ilegal.

Según lo expuesto, se establece una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel para quienes sustraigan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores. Además, se contempla la incautación y comiso de los bienes utilizados para la comisión del hecho punible.

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Ejecutivo diversificará fuentes energéticas.
También plantean «criminalizar» la criptominería.#MóvilABC – Edgardo Romero.
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— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) May 17, 2024

La ANDE también podrá solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados y será beneficiaria de lo recaudado con el comiso, como medida para fortalecer a la institución. Carro señaló que este proyecto será remitido al Congreso solicitando su estudio con carácter de urgencia.

La vocera indicó que con esta iniciativa se plantea la criminalización de la criptominería que se desarrolla de manera irregular, elevando las penas como medida disuasiva, aunque aclaró que solo se ataca la actividad de forma ilegal.

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El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que actualmente existen 52 contratos legales para el desarrollo de criptominerías, pero buscan combatir la actividad de manera ilegal, que consume grandes volúmenes de energía sin pagar lo correspondiente. Estimó que las pérdidas por esta causa oscilan entre USD 50 y USD 60 millones de forma anual.

Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, explicó que el Código Penal vigente contempla como sanción al robo de energía una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. Sin embargo, indicó que este flagelo creció de manera descomunal, afectando el patrimonio de la institución, la calidad del servicio y el bienestar de los usuarios.

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Por ello, se plantea la ampliación de las penas. Medina detalló que “aquellas personas que sustraen la energía eléctrica en baja tensión, hasta 1.000 voltios, van a recibir una pena privativa de libertad de cinco años o multa, y para aquellas personas físicas o jurídicas que cometen en media tensión o niveles superiores, está prevista una pena de hasta 10 años, más una multa complementaria”.

Fuente: ABC.