La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó que el Estado paraguayo deberá pagar una indemnización de más de G. 800 millones a la docente Clementina Ruiz Díaz Ojeda. La mujer permaneció privada de su libertad de forma preventiva durante casi tres años en el correccional Casa del Buen Pastor. El proceso penal en su contra inició tras denuncias vecinales por la muerte de su hijo recién nacido, hecho ocurrido en la Compañía Pacheco de Carapeguá. La afectada recuperó su libertad tras ser absuelta de reproche y pena el 1 de agosto de 2016.
El fallo judicial establece el pago por los conceptos de lucro cesante y daño moral debido al tiempo en que la maestra estuvo encarcelada. El dictamen original fue emitido por el juez José Guillermo Trovato Fleitas, quien fijó la suma exacta en G. 853.122.437, más un interés mensual del 2,3% desde julio de 2018. Los camaristas Juan Carlos Paredes Bordón y Arnaldo Martínez Rozzano votaron a favor de ratificar el monto total en segunda instancia. En contrapartida, la magistrada Antonia López de Gómez votó en minoría por una reducción del dinero establecido.
El origen de la reclusión y el drama familiar
La defensa de la docente, ejercida por la abogada Olga Recalde Peters, relató que el bebé falleció por asfixia tras atragantarse con leche materna durante un viaje en colectivo. Ante el dolor y siguiendo antiguas costumbres del interior del país, la madre enterró el cuerpo en el patio de su casa. Sin embargo, vecinos de la zona acudieron a las autoridades educativas al notar la ausencia de la criatura. El 23 de octubre de 2013, el fiscal Darío Baudelio Villagra Flores allanó la vivienda, desenterró el cadáver e imputó a la mujer por homicidio doloso.
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La detención fue ordenada inmediatamente por el juez penal de Garantías Víctor Vega, ignorando que el informe del médico forense no pudo determinar la causa de muerte. Debido al encierro de la proveedora principal, sus otros dos hijos menores quedaron desamparados al cuidado de su abuela materna y pasaron severas necesidades. Asimismo, el Ministerio de Educación interrumpió el pago del sueldo a la educadora, lo que agravó la crisis económica de todo el entorno familiar.
El rechazo de la Procuraduría General
¿Cuál fue la postura institucional frente a este pedido de resarcimiento económico por error judicial? Durante el desarrollo del litigio, el entonces procurador general Sergio Coscia y los delegados Carlos Ríos y Carlos López solicitaron el rechazo de la demanda. Los representantes del Estado argumentaron que las leyes vigentes solo contemplan indemnizaciones cuando existe una condena firme que luego queda sin efecto tras una revisión.
Según la contestación de la Procuraduría, la prisión preventiva sufrida por Ruiz Díaz consistió en una medida cautelar y no en una sentencia definitiva. El Tribunal de Apelaciones desestimó este argumento institucional al comprobar que el encierro prolongado y la difusión periodística dañaron gravemente el honor de la afectada.
Fuente: ABC Color
