Llanes manifestó, en comunicación con la 1080 AM, que aún falta entregar el informe, sin embargo los constatados ameritan tomar en serio una investigación, incluso se debe derivar a instancias judiciales.
Aclaró además que falta cuantificar el daño patrimonial que se causó, el cual representa una suma millonaria para la comuna.
La interventora indicó que es preferible no brindar más detalles debido a que debe concluir el informe y remitir al mandatario, Mario Abdo Benítez.
Mencionó que el plazo para la entrega de los documentos concluye el 2 de febrero.
El caso
La intervención está sujeta a constatar los 15 puntos que fueron denunciados por los concejales de la mencionada municipalidad.
Uno de los casos es una supuesta malversación de fondos por valor de más de G. 36 mil millones provenientes del impuesto inmobiliario, que fueron destinados a pagar gastos corrientes. La práctica fue calificada como una acción de inconstitucionalidad.
Otras de las irregularidades halladas es en la ejecución de los tributos correspondientes a estacionamiento controlado en el microcentro. De acuerdo con el reclamo, en el 2016, solamente 523 automóviles habrían pagado por el estacionamiento tarifado, cantidad que aumentó considerablemente en el 2017, tras denuncias, a 3.233 vehículos.
El dato
La agente fiscal Josefina Aghemo, asignada a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, imputó a la McLeod y a otras ocho personas por “lesión de confianza”
La agente fiscal, teniendo en cuenta los elementos de sospecha con los que cuenta, estima viable la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, siempre que se garantice la comparecencia de los imputados al proceso, considerando que existen indicios racionales de la comisión de una acción delictiva.
Además solicita otras medidas como “la prohibición de salida del país; obligación de comparecer ante el Juzgado cada mes; prohibición de ingresar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
«El obejtivo es evitar que destruyan, modifiquen, oculten, supriman o falsifiquen elementos de prueba, e influyan sobre los testigos o los induzcan para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente y caución real o personal, así como otras medidas que el juzgado considere necesarias”, indicó la fiscal.
