En la mañana de este miércoles, jubilados bancarios se presentaron en la Fiscalía General a modo de solicitar una audiencia con la Fiscal General del Estado, para requerir que sea transparente se ajuste a derecho la decisión que se tome en relación al caso de lesión de confianza en la Caja Bancaria, considerando el caudal de pruebas que demuestra la plena participación de todos los miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, y que fuera significado por la jueza penal de garantías Letizia Paredes, quien manifestó en su momento que se debe dilucidar en un juicio oral y público.
La fiscala Acuña había solicitado el sobreseimiento del presidente de la Caja, José Antonio Caballero Bobadilla; además de los miembros del consejo directivo, Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera y Ángel Ramón Chamorro Ortiz. Sin embargo, hasta el momento solo solicitó la acusación del funcionario de menor jerarquía, quien cumplía las instrucciones de sus superiores.
Abel Florentín, presidente de Afiliados Bancarios Organizados (ABO), en sede del Ministerio Público manifestó que actualmente temen que el caso salga a favor de los cuatro miembros de Consejo de Administración.
Señaló que exigen a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, que actúe conforme a Derecho y a los preceptos del ordenamiento jurídico, acusando a todos los responsables del hecho punible investigado.
“Nuestro temor es la influencia de otra índole”, refirió. Esperan que el viernes se tome una decisión concreta desde la Fiscalía.
Detalló que la doctora Machuca les dijo que se iba a resolver el caso en los primeros días de enero, sin embargo, la misma aplazó por un mes más. La fiscala debe decidir si pide que el caso sea elevado a juicio.
El caso
El presidente y los miembros del consejo directivo se encuentran imputados por lesión de confianza, por una maniobra detectada y que habría causado un millonario daño patrimonial al ente jubilatorio.
