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El Dr. Enrique Kronawetter, abogado en Derecho Procesal Penal, explicó en el programa AAM algunos puntos muy importantes para entender mejor de qué se trata y cómo se puede aplicar este derecho constitucional.
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Defenderse para salvar la vida en caso de un peligro inminente, es un derecho de todas las personas y está garantizado en la Constitución Nacional del Paraguay.
El Artículo 15 “De la prohibición de hacerse justicia por si mismo”, sostiene que “nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia. Pero se garantiza la legítima defensa”.
“Desde el punto de vista constitucional, la norma ya me da a la protección desde el Estado”, argumentó Enrique Kronawetter.
El abogado explicó que existen dos posibles opciones para una persona que está siendo agredida: “Ante la agresión (que es presente) vos podés reaccionar o huir y abandonar el sitio que amenaza la integridad física”, explicó.
Debido a que no siempre se cuenta con el tiempo necesario para escapar de una situación de peligro, los ciudadanos tienen las garantías del Estado “para actuar el legítima defensa, siempre de manera racional”, dijo Kronawetter.
Para que un acto sea considerado como legítima defensa, se debe cumplir con el requisito de la “proporcionalidad”.
Esto significa que el medio que se ha utilizado en para repeler el ataque (arma de fuego, arma blanca, etc.), tiene que ser proporcional al peligro creado por esa agresión ilegítima.
“Se puede utilizar cualquier elemento para la defensa, pero además hay que agregar otro elemento: que sea necesaria. Que la reacción sea el único mecanismo para repeler la agresión ilegítima, o sea que no tenés que tener otras alternativas”, manifestó Kronawetter.
Según el Artículo 239 del Código Procesal Penal, “se entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas”.
Esto quiere decir que cuando se encuentra a un delincuente cometiendo un delito, cualquier ciudadano común está autorizado a privarlo de su libertad, con la única condición de dar aviso inmediatamente a la policía.
Enrique Kronawetter comentó que muchos de estos casos suceden en los barrios, donde las comisiones vecinales se organizan para aprehender a los delicuentes por sus propios medios, para luego entregarlos a las autoridades.
Según explicó el Dr. Kronawtter, la norma de la legítima defensa abarca también a los bienes jurídicos o materiales; sin embargo, en ocasiones también es utilizada para respaldar intereses personales, perjudicando así a ciudadanos inocentes.
“Hemos tenido casos en los que la Fiscalía alegó legítima defensa para dejar impune un hecho, pero cuando vos mirás el caso no fue legítima defensa”, dijo el profesional.
El Artículo 279 del Código Procesal Penal dice que “el Ministerio Público tendrá a su cargo la investigación de todos los hechos punibles de acción pública y actuará en todo momento con el auxilio de la Policía Nacional y de la Policía Judicial”.
Al respecto, el abogado Kronawetter explicó que ante las sospechas de exista un hecho punible, primero se deben recabar pruebas antes de proceder a la imputación. “Es deber del Ministerio Publico abrir un proceso de investigación (…) Pero la investigación no significa que te imputen”, argumentó.
De igual forma, el Artículo 279 de dicho código sostiene que se deben “recolectar los elementos probatorios que permitan fundar, en su caso, la acusación fiscal o del querellante así como la defensa del imputado, y verificar las condiciones personales, antecedentes y estado psíquico del imputado”.
Según explicó el abogado, el Ministerio Público tiene el deber de velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales, tanto para las víctimas como para los imputados.
Por esa razón, se debe actuar conforme al Artículo 54 del Código Procesal Penal, el cual establece que “el Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y de descargo en relación al imputado”.
“Ante estas normas que son muy claras y establecen límites específicos, el Ministerio Público lo que debe es investigar, porque la promesa que le hace el Estado al ciudadano es que no va a quedar impune el hecho”, dijo el letrado.
En cuanto a la protección de las personas que ejercen su derecho a la legítima defensa, el abogado expresó que se debe aplicar el Artículo 68 del Código Procesal Penal para evitar su “revictimización’.
Mediante esta norma, la víctima tiene derecho a “recibir un trato digno y respetuoso, que se hagan mínimas sus molestias derivadas del procedimiento, la salvaguarda de su intimidad en la medida en que no obstruya la investigación y a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, a través de los órganos competentes”.
El profesional de las leyes sostuvo que existen casos donde hay un “exceso” en el uso de la legítima defensa: esto se llama “excitación emotiva”. Sucede cuando una persona pierde el control a causa de un evento inesperado, el cual altera su percepción temporal de la realidad.
Al darse esta figura en un asesinato, el Código Penal establece un atenuante en la gravedad de la pena.
“Es cuando el peligro se fue, pero vos están tan shockeado por el temor o la rabia que te generó el evento en sí, que vas atrás del victimario y lo atropellás”, explicó Kronawetter.
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