Desde su creación en el año 2013, la FTC ha sufrido más traspiés que éxitos en su lucha contra el crimen organizado. Los numerosos secuestros, además de las denuncias por torturas, detención arbitraria y otros crímenes, ponen en duda el trabajo de los uniformados designados a combatir al EPP y otras células criminales.
A continuación, conozca 11 datos sobre el conflicto dentro de esta cuestionada agrupación.
La Fuerza de Tarea Conjunta se conformó oficialmente el 24 de agosto del 2013, mediante el Decreto N° 103/2013 firmado por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes.
Esta agrupación -integrada por miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional del Paraguay y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)– tiene como objetivo acabar con el plan estratégico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otras células criminales, instaladas principalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.
Pese a los constantes esfuerzos por mostrar su poderío, la Fuerza de Tarea Conjunta no pudo detener la ola de violencia, secuestros y asesinatos perpetrados por diferentes grupos armados en el norte del país.
El historial de secuestros a manos de bandas criminales se inició en el 2001, pero no fue hasta el 2014 que el número de víctimas comenzó a crecer considerablemente. Durante el gobierno de Horacio Cartes murieron 42 personas, de las cuales 21 eran civiles, 13 militares y ocho policías.
Asimismo, desde la creación del organismo de seguridad ya fueron secuestradas 15 víctimas; dos de ellas siguen en cautiverio. Se trata del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP en el año 2014; y el ganadero Félix Urbieta, secuestrado en octubre del 2016 por el Ejército del Mariscal López (EML), un desprendimiento del mencionado grupo criminal.
Otro de los puntos duramente cuestionados a la Fuerza de Tarea Conjunta son las misteriosas bajas dentro de sus filas: varios uniformados perdieron la vida en circunstancias que no fueron esclarecidas hasta el día de hoy.
El capitán Enrique Piñánez y el suboficial José González murieron en extrañas circunstancias en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, en noviembre de 2014; en agosto del 2016, el subteniente Félix Fernández y siete suboficiales murieron masacrados en Arroyito, a manos de elementos del EPP. El teniente Javier Omar Gauto murió ahogado en el río Ypané, en octubre de 2018; mientras que el mayor Carlos Bóveda falleció en aguas del arroyo Kagatá, en la localidad de Kurusu de Hierro.
El Servicio de Paz y Justicia en Paraguay (Serpaj-Py), denunció a la Fuerza de Tarea Conjunta por la supuesta ejecución de los civiles Hermenegildo y Marco Ovelar, en un operativo comandado por el general Ramón Benítez el 5 de setiembre de 2014 en Kurusú de Hierro.
En dicho episodio sobrevivió María Gloria González, quien relató que mientras arreaba sus vacas junto a sus sobrinos, fueron sorprendidos por los uniformados quienes no dudaron en disparar a mansalva. Ella logró sobrevivir, pero fue herida gravemente en la mandíbula y el glúteo.
“La mujer negó su vinculación a alguna banda delictiva y dijo que mientras estaba herida en el piso, miembros de la fuerza estatal empezaron a patearle, amenazarle de muerte, cortarle el cabello y tajearle partes del cuerpo con chuchillos, para luego abandonarlos durante horas y posteriormente buscarlos en un camión militar”, reza el informe del Serpaj.
Con el acompañamiento del Serpaj Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), González querelló en agosto del 2018 a miembros de la FTC por “lesión corporal en ejercicio de funciones públicas”. No obstante, sostienen que hay una inacción del Ministerio Público en torno a esta denuncia, explicó Natalia Rodríguez, asesora jurídica del Serpaj.
Representantes de las diferentes diócesis que conforman el Clero de la Región Norte del Paraguay, exigieron la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta debido a los constantes abusos que los uniformados ejercen sobre los pobladores de la zona.
A través de un comunicado, argumentaron que ven con preocupación “los abusos y atropellos de poderes del Estado contra la dignidad de la persona y sus derechos humanos”, ya que los miembros de la FTC “utilizan la Fuerza Pública en forma desmedida, atropellando los hogares y destruyendo sus humildes pertenencias; realizando intervenciones con detenciones irregulares, torturas, extorsiones, acoso sexual, maltratos físicos y psicológicos”, se lee en la misiva firmada en abril del 2018.
Según datos del Serpaj-Py, el dinero anual destinado a la FTC aumentó considerablemente en solo 5 años. Mientras que en el 2013 le fue asignado un presupuesto de G. 6.784.180, para el año 2018 este monto trepó a más de G. 70.000.000. En relación al presupuesto inicial, para las FTC hubo nada más y nada menos que un incremento del 842%.
Pese al alto costo que genera para el Estado, el organismo militar no ha logrado mayores resultados en la desarticulación del EPP o alguna de sus células.
A principios de mayo, la Cámara de Senadores aprobó el tratamiento de un proyecto de ley que deroga la normativa que creó la Fuerza de Tarea Conjunta. La propuesta fue presentada por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santacruz, quien señaló que la fuerza conformada por militares y policías no ofrece resultados en la lucha contra el EPP.
“Este modelo ha fracaso y la militarización de la seguridad interna ha fracasado. Vamos a cambiar el modelo. Estamos gastando USD 14 millones para sostener algo que no funciona”, expresó el parlamentario en sesión ordinaria. La iniciativa se tratará en junio de este año.
Luego de el senador Santacruz presentó la propuesta de derogación de la FTC, el ministro Juan Ernesto Villamayor defendió la labor de los uniformados en el norte del país y dijo que es “imprescindible” para brindar respuestas a la ciudadanía.
«No estoy de acuerdo con la eliminación de la FTC, estamos trabajando para potenciar la capacidad y darle a la gente la respuesta que necesita”, sostuvo el representante del Ministerio del Interior. «Comprendo las necesidades y la presión de la ciudadanía, pero necesitamos un poco más de tiempo para llegar a nuestro objetivo», agregó.
Días atrás, se dio a conocer un video donde aparecen supuestos nuevos miembros de la Agrupación Campesina Armada (ACA). El grupo armado estaría conformada actualmente por integrantes que salieron del EPP y el EML.
En las imágenes se ve a tres personas fuertemente armadas, con ropas de camuflaje y los rostros cubiertos. Las mismas dicen ser miembros de la Agrupación Campesina Armada y se adjudican el ataque ocurrido en abril en la estancia Oro Verde, donde se quemaron dos camionetas, dos tractores y un cachapé.
Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), informó a la prensa que el material está siendo analizado por los órganos de inteligencia.
Por su parte, la senadora Desirée Masi expresó que le parece “un disparate” lo que está sucediendo con la Agrupación Campesina Armada (ACA) en el norte del país.
“En el gobierno anterior se informó en tres ocasiones que habían aniquilado a todos (…) El logro de la FTC era haber exterminado a los miembros de la ACA”, cuestionó la legisladora.
De igual forma, Masi declaró que el proyecto elaborado por el Partido Democrático del Pueblo (PDP), no pretende “dejar desprotegido” al norte del país, sino reemplazar a la Fuerza de Tarea Conjunta por una fuerza de élite que posea mando único y dependa de la Policía Nacional.
Un violento enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y un grupo armado se registro recientemente Horqueta, departamento de Concepción.
Según los primeros reportes, se trataría de la recientemente refundada ACA. El enfrentamiento tuvo lugar en zona conocida como Aleman Kue – Calle 8, y hasta allí llegaron grupos tácticos, helicópteros y ambulancias.
En rueda de prensa en Asunción, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó que en el tiroteo murió una mujer y se presume que se trata de Zulma Jara Larrea, hermana de los fundares originales de la ACA. Posteriormente, se aclaró que el cuerpo en realidad corresponde a Leticia Jara Larrea.
“La Fuerza de Tarea Conjunta abatió a uno de los integrantes de la ACA, estamos trabajando todavía sobre eso. La identificación previa, no confirmada de Zulma Jara Larrea, que habría sido abatida en este momento en el monte. El personal todavía se está desplegando, no tenemos más datos de esto”, expresó Villamayor.
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