Prieto fue ungido por el pueblo esteño a inicios de este mes luego de la destitución de Sandra McLeod.
Rápidamente se comenzó a comunicar las grandes muestras de irregularidades dentro de la comuna. Hoy en día, se sabe que todo es escandaloso.
Prieto juró el lunes 13 de mayo y luego de los feriados de la Independencia, el jueves 16 apareció una gran cantidad de funcionarios en las diversas dependencias, principalmente a la hora de marcar la entrada y la salida.
“Tenemos que combatir una nefasta experiencia dejada por la administración anterior, no queremos perjudicar a nadie, queremos cuidar por sobre todo el erario público”, señaló el nuevo intendente a la prensa, en aquel momento.
Estimó que existe un perjuicio aproximado de G. 25.000 millones anuales por el pago a planilleros.
La abogada Yolanda Paredes fue nombrada como responsable de la dirección de Recursos Humanos.
La mujer es la esposa del senador suspendido Payo Cubas. La profesional del derecho fue una de las más fervientes dirigentes en las manifestaciones contra el “clan Zacarías”.
Una de las primeras medidas tomadas por la abogada fue la realización de un censo de funcionarios.
Ante el hacinamiento, Paredes resolvió el traslado de los funcionarios al Polideportivo Municipal para la ejecución del censo para la depuración entre quienes tienen funciones y quienes no, según explicó la alta funcionaria.
Esta medida generó el enojo de los “planilleros”, quienes agitados por el concejal Celso “Kelembú” Miranda, empezaron a protestar y gritar que se trata de un atropello a sus derechos. En medio de forcejeos y gritos, Kelembú agredió a un joven que se encontraba en medio del tumulto. La directora de Recursos Humanos estuvo a punto de ser violentada físicamente y agentes policiales debieron intervenir, pero los mismos fueron también cuestionados por otro sector de funcionarios porque no procedieron a la detención de Celso Miranda, informó en aquel momento el diario La Nación.
Una de las principales dirigentes del grupo es Castorina “Caty” Molinas, denunciada por Yolanda Paredes en reiteradas ocasiones por agresiones a los manifestantes en la época en que se realizaban las manifestaciones de protestas contra la administración municipal.
“La manera en que se encuentran hacinados en estas oficinas pequeñas con un promedio de treinta a cincuenta personas es lo que representa algo inhumano, pero por querer llevarles a un lugar cómodo para terminar de hacer el censo, protestan. Este hacinamiento es porque saben que estamos haciendo la revisión puntual y ahora se presentan todos. El censo es para no cometer injusticias”, explicó Yolanda Paredes. Finalmente resolvió que el censo se realice en el patio municipal.
El primer informe que dio a conocer el intendente Miguel Prieto es la existencia de 257 funcionarios permanentes y 2.475 contratados, de los cuales, alrededor de 800 empleados ingresaron durante la administración de dos meses de Perla Rodríguez de Cabral, de acuerdo a La Nación.
La concejala había asumido de manera provisoria luego de la destitución de McLeod.
Durante la revisión de la mañana del lunes se encontró por ejemplo que, en la Dirección de Medio Ambiente, existen 140 funcionarios, y entre quienes existe 60 personas a disposición de Recursos Humanos, ya antes de la nueva administración.
“Estamos con una superpoblación escandalosa de funcionarios. Prácticamente cuatro funcionarios por baldosa (…). Los funcionarios alegan persecución política pero es materialmente imposible cumplir funciones en este municipio donde te estás tropezando con funcionarios. Tenemos más de 2.000 personas en un espacio reducido”, fue lo dijo Yolanda Paredes a la 730 AM el pasado lunes.
“Ahora no hay ni siquiera silla para este hacinamiento, por eso van a ver gente parada por todos lados”, reiteró el martes, en conversación con los medios.
Anunció el control del cumplimiento del reglamento interno y prohibió la permanencia de los funcionarios debajo de los árboles de la institución.
En la misma conferencia de prensa, se anunció la quiebra técnica de la institución.
“Hoy prácticamente se ha usado el 50% de nuestro presupuesto. Significa que no llegamos al pago de salarios para el mes de agosto. Estamos en una quiebra técnica. Se usó de manera dolosa el dinero público”, explicó la alta funcionaria.
De acuerdo a lo precisado, en el presupuesto de la comuna estaba establecida la suma G. 3.000 millones al mes en 2019, sin embargo con la contratación masiva el gasto subió a G. 6 mil millones, es decir el doble.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó a 1080 AM que son más de 800 funcionarios los que serán desvinculados. La mitad fue notificada, sin embargo la otra parte no recibió la notificación por pedido de “Caty” Molinas, operadora del zacariísimo.
El jefe comunal explicó que con los despidos, quedarán unos 1.900 empleados. La institución puede funcionar con 1.400 trabajadores, afirmó.
Contó que resta echar a los empleados más antiguos y que eran quienes operaban con las administraciones anteriores.
Al ser consultado sobre los lugares a los que accedieron los contratados durante la administración de Perla Rodríguez de Cabral, apuntó que se llenaron todas las dependencias.
Un hecho insólito consiste en que la dirección de medioambiente tenía 39 recepcionistas. En la dependencia se necesita solo un funcionario para la labor.
En cuanto a los salarios de los contratados, dijo que oscilan entre los G. 2 millones, algunos más, otros menos, incluso se llega a los G. 3 millones.
Con relación a su antecesora, es decir Rodríguez de Cabral, dijo que su caso está en manos de la asesoría jurídica y que se verá la posibilidad de accionar.
El pasado martes, en conversación con la 730 AM, el intendente manifestó que existen direcciones corrompidas como la de obras. “Nunca se entregaron obras en la institución municipal y tenemos 20 arquitectos que no entregaron ni una sola obra controlada, ni una sola obra recepcionada. Eso no es lo más grave, hay datos muy graves que vamos a ir detallando próximamente”, apuntó.
Además, indicó que en la institución hay alrededor de 40 abogados. “Pero creo que dos por ahí lo que trabajan. Dos abogados nuestros viven en Alemania y cobran sueldo de la Municipalidad. Terrible es lo que le está pasando al contribuyente de Ciudad del Este”, acotó sobre el punto.
Nery Chávez, presidente de la Junta Municipal y cercano al clan Zacarías, cuestionó la designación de Yolanda Paredes y el censo que encabeza la dirección municipal.
“Ellos quieren vender el planillerismo, acá las personas que fueron contratadas es porque tienen una función (…). Quieren vender siempre la imagen y la campaña política ya terminó”, dijo Chávez a la 1080 AM.
El titular de los ediles criticó que el censo se realizó “fuera de la institución municipal”, sacando a los funcionarios de sus lugares de trabajo.
“Ellos querían llevarle a un lugar, como una cabeza, un trofeo, para hacerle sentar a la gente ahí”, indicó sobre el punto.
Sostiene que las nuevas autoridades “denigran” a los funcionarios con esta acción.
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