Via ultimahora.com
Pasaron casi dos décadas desde que en el año 2001 fue secuestrada María Edith Bordón de Debernardi, marcando lo que sería el inicio de “la industria del secuestro” y una de las primeras apariciones de un grupo armado que tiempo después se autodenominaría “Ejército del Pueblo Paraguayo”.
No obstante, la denuncia por torturas y desaparición forzada realizada contra el Estado por los activistas políticos Juan Arrom y Anuncio Martí, dio un giro inesperado a la causa y hasta hoy en día genera un gran debate de alcance internacional.
A continuación, conozca 10 datos para entender el polémico caso que marcó un antes y un después en la historia de la Justicia Paraguaya.
El 16 de noviembre de 2001, Maria Edith Bordón de Debernardi, esposa del influyente ingeniero Antonio Debernardi, fue secuestrada en el Parque Ñu Guasu de Asunción mientras realizaba su caminata diaria. La mujer fue mantenida en cautiverio durante 64 días, hasta ser liberada en la madrugada del 19 de enero de 2002, luego de que se pagara una elevada suma de dinero para su rescate.
Casi de forma simultánea, familiares de los dirigentes del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí -supuestamente vinculados al secuestro de Debernardi- denunciaron que los mismos fueron secuestrados el 17 de enero de 2002 y no se encontraban datos de su paradero en ningún lugar.
El 30 de enero de ese mismo año, los dirigentes políticos aparecieron con vida en una casa ubicada en la ciudad de Villa Elisa y alegaron haber sido torturados por efectivos policiales que les exigían el “dinero del rescate” del secuestro de la señora Debernardi.
Arrom y Martí mostraron diferentes heridas supuestamente propinadas por los uniformados y alegaron ser víctimas de terrorismo de Estado. Según sus palabras, hasta el propio presidente de la República estaba al tanto de la situación.
Este hecho generó una gran conmoción a nivel social y político, y varios funcionarios del Gobierno de Luis Ángel González Macchi fueron removidos de sus cargos: Julio César Fanego, ministro de Interior; y Silvio Ferreira, ministro de Justicia y Trabajo, además de altos efectivos policiales.
Luego de la grave crisis política que desató este confuso episodio, algunos autores del secuestro de Debernardi fueron condenados: José Tomás Rosa y su esposa Nidia Grisel Espínola de Rosa, De los Santos Saldívar, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez.
No obstante, Juan Arrom y Anuncio Martí evadieron a la Justicia local y solicitaron asilo político en Brasil en el año 2003. Desde entonces, niegan rotundamente haber participado del secuestro de Edith Debernardi y mantienen la postura de que fueron víctimas de terrorismo de Estado.
Tras conseguir refugiarse en Brasil, los dirigentes políticos denunciaron al Estado Paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los mismos presentaron cargos por delitos de lesa humanidad (privación ilegal de libertad y torturas). A finales del 2008, la demanda fue admitida como Causa No. 12685. De igual forma, pidieron una millonaria indemnización estatal por UDS 123 millones.
Pese a los numerosos pedidos de extradición al Brasil, e inclusive intentos de diálogos para llegar a soluciones amistosas, no se ha podido revocar el estatus de refugio político para Arrom y Martí, concedida por la ACNUR.
El pasado 4 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió por unanimidad, que el Estado paraguayo no es responsable de la desaparición forzada de personas y tortura denunciadas por Arrom y Martí.
Sergio Coscia, procurador general de la República, consideró que el fallo del organismo internacional es una “una victoria de todos” que se logró gracias a “la unión de todos los paraguayos”.
“Es una causa en la que hicimos historia, rompimos paradigmas, ya que después de 40 años la Corte de Derechos Humanos ha dictado el primer fallo en la cual un Estado es absuelto en su totalidad de las acusaciones que se le realiza en las denuncias de este tipo y ese es el Estado paraguayo”, expresó el alto funcionario.
De igual forma, remarcó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, demostró su apoyo al proceso judicial. “Esta causa la ganamos todos con el liderazgo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez”, aseguró Coscia.
Según explicó el procurador de la República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que, a diferencia de otros casos vistos en ese tribunal, la demanda de Arrom y Martí “no se enmarca en la práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada, de persecuciones políticas o de otros delitos contra los derechos humanos”.
“Estas personas eran criminales comunes, investigados por delitos comunes. No había una cuestión de política de estado o una persecución, entonces eso ayudó mucho a la defensa, ese de hecho fue el eje de nuestro alegato”, justificó Sergio Coscia.
Rubén Lisboa, abogado de Juan Arrom y Anuncio Martí, comentó a la prensa que el fallo de la CorteIDH tiene una “posición ideológica” bien definida en contra de sus clientes, ya que supuestamente pretende presentar a los movimientos sociales y de izquierda como peligrosas organizaciones criminales.
“Tengo la decepción propia de una persona que fue a un juicio controversial donde había suficientes pruebas para que se tome en cuenta todo lo argumentado… y deja un precedente nefasto porque con la sentencia uno puede concluir que se pueden hacer la tortura, la desaparición forzada, los secuestros”, declaró el abogado.
“Es una corriente instalada en Latinoamérica para perseguir a personas que no tienen el mismo pensamiento político hegemónico en esta parte del mundo, que es aceptar la presencia neoliberal y arrasar con todas las instituciones”, agregó Lisboa.
Según Sergio Coscia, el histórico fallo de la CIDH a favor de Paraguay, “es un elemento que puede ser determinante” para que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), revoque el estatus de refugiados a Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes continúan con protección en el país vecino.
“Esperamos tener un resultado favorable y lo que todos queremos es que estas personas que nos denunciaron se sometan a la justicia”, comentó en conferencia de prensa.
El abogado Rubén Lisboa manifestó que son muy pocas las posibilidades de que los exdirigentes políticos sean expulsados de Brasil, ya que ambos tienen hijos nacidos en tierras brasileñas.
Según comentó el letrado, existe un artículo de rango constitucional en el Brasil que dificulta la extradición de quienes tienen hijos menores que hayan nacido en el vecino país, pese a que el presidente Jair Bolsonaro había expresado que no dará más refugio a Arrom y Martí.
El destino final de Juan Arrom y Anuncio Martí se sabrá el próximo 14 de junio, cuando la Conare se reunirá para tratar la revocatoria al estatus de refugiados de los exdirigentes acusados del secuestro de María Edith Bordón.
Esta revocatoria fue solicitada por el Gobierno paraguayo, de manera a que los acusados finalmente afronten a la justicia nacional por los delitos de los cuales se los acusa.
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