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Lo que prometía ser un domingo tranquilo en plena celebración por el Día del Padre, terminó por convertirse en una jornada de luto para familiares de varios reclusos del penal de San Pedro.
Un violento motín y la pelea entre miembros del PCC y el clan Rotela, puso en evidencia la grave crisis que existe en la población carcelaria de todo el Paraguay.
El pasado domingo, la cárcel de San Pedro del Ycuamandyyú fue el escenario de un violento motín en el que resultaron muertas unas diez personas. Tras varias horas de incertidumbre, finalmente la Policía logró controlar la masacre dentro del penal.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, confirmó que se trató de un enfrentamiento entre miembros del Primer Comando da Capital (PCC) y del Clan Rotela, dos grandes y temidas organizaciones criminales que operan en todo el país.
Villamayor agregó que los disparos que fueron escuchados desde dentro de la prisión, pertenecen a armas calibre 22 ingresadas de contrabando. A cargo del caso quedaron los agentes Fanny Aguilera y Jorge López, representantes de la fiscalía adjunta de San Pedro.
Tras el enfrentamiento, se confirmó el deceso de diez reclusos, de los cuales cinco fueron decapitados y otros tres fallecieron calcinados.
Los fallecidos son: Carlos Segovia Giménez (35) por decapitación; Lucas Ayala Rojas (22) por decapitación; Sergio Cabrera Sánchez (23) por decapitación; Hugo Javier Díaz Barreto (24) por decapitación; Nelson Damián Pereira (25), por decapitación; Junior Ramón Paredes (24) por herida cortante en el cuello, y Bruno Cuttier Moreira por disparo de arma de fuego.
El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, comentó que existían otros dos cuerpos calcinados que estaban irreconocibles. Sin embargo, a través de la prótesis dental fue identificado Marcial Paredes Espínola (30). En tanto que su primo, Denis Iván Paredes Espínola (22), fue identificado por “descarte”, según afirmó el funcionario.
Otro reo de nombre José Osorio falleció en el Hospital del Trauma, en Asunción. El mismo fue derivado desde San Pedro debido a la gravedad de sus heridas, pero murió una hora después del traslado.
“De siete cuerpos, cinco han sido retirados. Nos quedan dos cuerpos. Uno de ellos que no vino ningún familiar a presentarse. Nos comunicamos con el número de contacto que se tiene en la ficha de la penitenciaría”, expresó el médico en rueda de prensa.
En el Hospital Regional de San Pedro también se vivieron horas de pánico tras la llegada de numerosos reos que resultaron heridos en el motín.
El Director del Hospital de San Pedro, Dr. Ricardo Brassel, ordenó la evacuación del establecimiento para que solo sean atendidos los heridos durante el enfrentamiento en la penitenciaría, por temor a que los clanes narcos intentaran rescatar a sus miembros.
El galeno manifestó que los pacientes internados por diversas dolencias y algunas embarazadas serían trasladados al hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), al que solicitaron ayuda en medio de la crisis. “Estamos coordinando con el IPS, los casos graves de niños, también las embarazadas y casos quirúrgicos”, expresó.
Durante la tarde del domingo, reclusos de la Penitenciaría de Tacumbú de Asunción también intentaron amotinarse. El impulsor fue Armando Rotela Ayala, líder de uno de los clanes involucrados en el fatal enfrentamiento registrado en la cárcel de San Pedro. Este alzamiento no tuvo acompañamiento de los otros internos, por lo que fue rápidamente controlado por guardiacárceles.
No obstante, esa misma noche alrededor de las 20:00 horas se registró segundo amotinamiento que dejó como saldo dos heridos, los cuales fueron atendidos en el Hospital de Trauma, según señaló el comisario principal Edgar Meza, director de Policía en Asunción.
En uniformado explicó que el conflicto dentro del penal recrudeció por el traslado de Javier Armando Rotela, quien actualmente se encuentra en la Agrupación Especializada. Oscar Rotela, otro de los miembros del clan, también fue dirigido al mismo lugar. Según los reportes de la prensa, en Tacumbú también se inició un incendio y debieron intervenir los Bomberos Voluntarios.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, informó que tras el motín en San Pedro fue removido del cargo el director de la penitenciaría, Wilfrido Quintana. Lo mismo ocurrió con el director de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez.
«Hemos tomado la decisión de destituir al director de San Pedro y designar al señor Ricardo Ortiz Diarte. Hemos resuelto cambiar al director de Establecimientos Penitenciarios y designar a Víctor Ramón Servián Ríos», informó Ríos en conferencia de prensa.
De igual forma, el penal de San Pedro quedó intervenido debido a numerosas irregularidades, entre ellas la existencia de una “granja vip” fuera de la penitenciaría en la que vivían varios condenados.
«Creemos que hay suficientes elementos para el cambio de estas dos personas. La existencia de una supuesta granja en San Pedro no habilitada es absoluta responsabilidad del director», afirmó el ministro.
El enfrentamiento en el penal de San Pedro evidenció la rivalidad que existe entre dos fuertes grupos criminales que operan en Paraguay.
Uno es el Clan Rotela, liderado por Armando Javier Rotela Ayala, de 37 años. A este peligroso delincuente se lo conoce como el «zar del microtráfico» y fue el primero en instaurar el sistema de «delivery» o reparto de crack en la capital.
Aunque no se sabe la cantidad exacta de miembros, el Clan Rotela tienen el control de la mitad del tráfico de drogas en los penales del país.
Por otro lado, el Primer Comando Capital (PCC) es un grupo criminal brasileño que tiene una fuerte presencia en Paraguay. El PCC se asentó plenamente en las cárceles de la región y se estima que ya reclutó a más de 300 paraguayos. Fuera de los centros penitenciarios, esta organización opera aún con mayor fuerza.
Tras la intervención del Penal de San Pedro, las autoridades hallaron una “granja vip” fuera de las instalaciones de la cárcel, donde vivían presos con altas condenas por narcotráfico y homicidio. Los mismos llevaban una vida de lujos y sin ningún tipo de custodia. Uno de ellos inclusive tenía a disposición una camioneta.
Según información de ABC Color, los presos que vivían en la granja fueron identificados como Víctor Brítez Aranda, condenado por crímenes vinculados al narcotráfico; y Ángel Tranquilino Giménez, condenado por las mismas causas. El tercero es Juan Ramón Benítez Guerrero, condenado por homicidio doloso, y Gustavo Ramón Paredes, condenado por lesión grave.
Dichos reclusos argumentaron que vivían en la granja por orden del juez de ejecución de San Pedro, Néstor Arévalos (actual presidente del club Deportivo Santaní), según comentó la fiscala María Dominga Benítez. Sin embargo, solo uno de ellos presentó una copia simple de la resolución, la cual carece de validez.
Tras el allanamiento, todos los reos fueron trasladados al interior de la cárcel y puestos a disposición de las autoridades interventoras.
Pese a que el ministro de Justicia aseguró que en la “granja” hallada detrás del penal de San Pedro no había internos, el juez Néstor Arévalos afirmó que el predio pertenece al centro de detención y que «ese es un lugar normal» de prisión, pese a que cuenta con toda clase de lujos y ningún control policial.
«Esa granja existe, no es la primera vez que un interno es trasladado al lugar. Ya existen otros internos que fueron trasladados por jueces anteriores, que los trasladaron a ese sector y justamente acá les puedo mostrar la nota del director de la penitenciaría que le había solicitado un informe de la existencia de esa granja», indicó el juez Arévalo, en un intento por deslindar responsabilidades.
En el lugar, los internos contaban con televisores, acondicionadores de aire y todo tipo de lujos. Vivían con sus familiares, tenían camionetas, armas, e incluso uniformes policiales y militares.
La oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicado para expresar su «dolor e indignación por la pérdida de vidas humanas y su firme repudio por estos crímenes ejecutados con saña, crueldad y brutalidad”, a raíz de los eventos ocurridos en San Pedro.
“Los hechos ocurridos ponen en evidencia, una vez más la situación de precariedad y falta de atención estructural a los centros penitenciarios del país, que se encuentran rebasados en su capacidad de albergar a los reclusos con las condiciones mínimas requeridas», se lee en el documento.
Asimismo, la CEP reclama “la falta de penitenciarias diferenciadas para grupos de alta peligrosidad, vinculados con el crimen organizado, sobre todo con el narcotráfico el tráfico de armas y del tráfico de personas”.
Dante Leguizamón, presidente de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), aseguró en los penales de todo el país ingresan cada año unos 1.100 presos. Cabe señalar que en Paraguay ya tiene una superpoblación carcelaria que supera las 7.000 personas.
En conversación con ABC Cardinal, el funcionario manifestó ya se advirtió sobre las precarias condiciones en las que viven los reclusos. La falta de elementos básicos como camas, energía eléctrica y comida, son algunos de los factores que desencadenan hechos de violencia como el que se registró el pasado domingo en San Pedro.
“Ante la falta de acceso a esos derechos, la gente ingresa a estos grupos (…) la situación es grave con la intervención de estos grupos y casos como los de ayer nos demuestran lo que pueden lograr”, sostuvo el funcionario.
En una fotografía difundida se ve a altas autoridades carcelarias compartiendo un almuerzo con reos en la cuestionada “granja” ubicada en las inmediaciones de la Penitenciaría Regional de San Pedro.
En la foto se observa a varias personas entre ellas al recluso Víctor Aranda, quien cumple una condena de 26 años por narcotráfico.
Lo acompañan Blas Martínez, ahora exdirector de Establecimientos Penitenciarios, Hernán Valdovinos, jefe de seguridad de la Penitenciaria de San Pedro, como también Roberto Quiñonez, fotógrafo del Ministerio de Justicia.
No faltaron al almuerzo, Wilfrido Quintana, exdirector de la penitenciaría, un funcionario del Ministerio de Justicia sin identificar, Juan Manuel González, jefe de informática de la cárcel.
En la mesa se encontraba además el reo Juan Ramón Benítez, condenado a 15 años por homicidio, le siguen Ricardo Flecha, secretario del director de la penitenciaria de la cárcel, enviado del diputado Freddy D’Ecclesiis, de acuerdo al reporte.
Sin embargo, las autoridades niegan conocer acerca de esta granja, en la que un mes atrás se encontraban almorzando con dos reos, informó Telefuturo.
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