El violento amotinamiento que dejó 10 muertos en la cárcel de San Pedro, puso en evidencia las terribles falencias que sufre el sistema penitenciario paraguayo, además de la falta de previsión ante la gran cantidad de personas que fueron privadas de su libertad durante las últimas décadas.
Durante las últimas semanas quedó en evidencia la fuerte crisis que sufre el sistema penitenciario paraguayo; sin embargo, esta problemática no es nueva y las autoridades lo sabían.
La “bomba de tiempo” que amenaza a las cárceles del país ya fue advertida por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el año 2013. Han pasado seis años desde la elaboración del informe, sin embargo, ningún Gobierno ha tomando medidas contundentes para erradicar la grave situación.
El MNP identificó el hacinamiento como uno de los problemas principales en el colapso del sistema penitenciario paraguayo.
Durante los últimos 20 años, el número de personas privadas de su libertad aumentó considerablemente: de 3.219 reclusos que había en el año 2000, pasaron a ser 16.804 los presos en el 2019, según indica un reporte de AAM.
Según reporta el MNP, una de las causas que provoca el hacinamiento en las cárceles es el abuso de la prisión preventiva.
Además, el organismo cuestiona la renuncia del Poder Judicial al control estricto de dichos encierros, pues muchos presos permanecen en los penales de forma irregular, durante mucho tiempo y sin condenas fijas.
El grueso de la población penitenciaria en Paraguay no tiene una condena fija. Según informes de AAM, de las 16.804 personas que están privadas de su libertad actualmente, hay 12. 961 procesados pero solo 3.821 poseen condena.
Esto quiere decir que el 78% de los reclusos sigue con un destino incierto dentro las cárceles del país.
Además del problema de la sobrepoblación en las 18 penitenciarías del país, la cantidad de guardias penitenciarios es realmente insuficiente para controlar eventos como el ocurrido en la cárcel de San Pedro. Pese a que se necesita un guardia por cada 10 reclusos, en la actualidad solo hay uno por cada 100.
Tal es la falta de seguridad dentro de los sistemas penitenciarios, que durante los últimos amotinamientos ocurridos en el penal de Tacumbú, sugirieron a los fiscales retirarse y abandonar el lugar, ante la falta de garantías.
Según un informe del MNP titulado “Pabellón la bronca”, el sistema penitenciario paraguayo solo dispone de 4.310 plazas en los penales para hombres y mujeres.
Sin embargo, hasta junio del 2018 el sistema penitenciario presentó una taza de ocupación de 337, 7 % ; esto quiere decir que las cárceles de todo el país albergan tres veces más personas de lo que su capacidad real les permite.
Un problema que no es menor dentro de las penitenciarías, es la gran cantidad de adictos que deambulan sin ningún tipo de control ni cuidados médicos.
Según reporta AAM, solo en penal de Tacumbú hay aproximadamente 900 “pasilleros” (reclusos de escasos recursos) que son adictos a algún tipo de droga. Estas personas son fácilmente captadas por las organizaciones criminales.
Pero eso no es todo, ya que el sistema penitenciario tampoco cuenta con una cantidad suficiente de psicólogos y psiquiatras para tratar las personas adictas, mucho menos un pabellón integral para quienes sufren esta enfermedad.“La cárcel no está preparada para atender personas con problemas psiquiátricos”, manifestó en su momento el fiscal de DDHH, Ricardo Merlo.
Uno de los grupos criminales que disputa el negocio de las drogas en los penales es el Clan Rotela. El mismo es liderado por Armando Javier Rotela Ayala, más conocido como “el Zar del microtráfico”.
El negocio del Clan Rotela inició con una red de microtráfico en los principales barrios de Asunción, pero con el tiempo fue ganando terreno en las penitenciarías. Actualmente se estima que cuenta con unos 400 miembros y todos son paraguayos.
Cabe señalar que en el año 2012 Armando Rotela logró fugarse de la Penitenciaría de Misiones, pero fue recapturado por agentes antidrogas en noviembre del 2017. Aún así, este poderoso grupo maneja el 50% del tráfico de drogas en las cárceles paraguayas, según datos del Ministerio de Justicia.
Este grupo criminal fundado en Brasil en 1993, se asentó con fuerza en Paraguay y desde hace varios años lucha por el control del negocio de las drogas en las penitenciarías y fuera de ellas.
El Ministerio de Justicia estima que existen 400 miembros del PCC en todo el país, de los cuales 100 son brasileños y 300 paraguayos.
Sin embargo, el numero es aún mayor fuera de las cárceles, y en la actualidad el PCC tiene mas integrantes paraguayos que brasileños en todo el país.
Ante la grave crisis penitenciaria, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, se reunió con la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (Conarep).
Las autoridades debatieron un proyecto de Ley por el cual se deroga el artículo 1° de la Ley 4431/11 que modifica el Art. 245 sobre prisión preventiva.
Según expresó el ministro Ríos, la población penitenciaria aumentó bruscamente luego de que en el 2011 se modificara dicha figura jurídica. “No se previó que el crecimiento iba a ser así exponencial y tampoco se previó la construcción de más sedes penitenciarias”, dijo el funcionario.
“Hoy tenemos una sobrepoblación impresionante que hace difícil el trabajo y lógicamente otros elementos más, como la existencia de personas de alta peligrosidad en el nuestro sistema”, agregó.
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