En entrevista para el programa Algo Anda Mal (AAM), la titular de la cartera de Justicia aseguró que se están armando las bases para iniciar una reforma penitenciaria integral, en donde se mejore no solo la seguridad en los centros de reclusión, sino también el trato a las personas privadas de su libertad.
Como una de las primeras medidas de su gestión, Pérez asegura que ella y su equipo deberán trabajar todos los días de la semana, pues la emergencia penitenciaria así lo amerita en este momento.
“Lo inmediato es todo lo que implique contener el sistema. Es una cuestión de gestión, de bajar la línea y trabajar 24 horas, los siete días de la semana. Por eso digo que si no les va a dar el cuero, busquen donde trabajar en otro lado, porque ahora estamos en emergencia penitenciaria y no estamos para dormir más de cinco horas si hace falta”, aseguró.
Pese a la intención de llevar adelante numerosos proyectos para la reforma penitenciaria, Cecilia Pérez reconoce que existen limitaciones dentro del Ministerio de Justicia que no permiten llevar a cabo los planes con rapidez.
“Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay que manejar algunos tiempos, sobre todo cuando hay un tema de seguridad que uno tiene que cuidar. No se puede hacer todo lo que uno quiere en el momento. También hay muchas limitaciones presupuestarias y de condiciones”, reconoció la ministra.
Pérez aseguró que para trabajar en el sistema penitenciario se necesita formación técnica y el perfil necesario para aguantar la presión, pues trabajar con personas privadas de su libertad conlleva un gran desafío.
“El problema de salud mental en el Ministerio de Justicia es algo del día a día (…) Uno comienza a trabajar con alguien y luego comienzan los permisos por motivos de estrés y algunas consecuencias, porque es difícil, se trabaja con la miseria humana”, expresó.
“No estoy en condiciones de asegurar que no hay celdas VIP”, reconoció la nueva ministra. No obstante, aseguró que se seguirá trabajando de manera firme para erradicar este acto de corrupción “naturalizado” en los centros penitenciarios de todo el país.
“Nosotros tenemos que seguir luchando porque eso es un acto de corrupción, no nos vamos a engañar, no es de generación espontánea que la pared esté revestida solo en una celda, o que tenga un baño mucho más moderno que el baño comunitario que usan las demás internas”, manifestó la funcionaria.
El traslado de las personas privadas de su libertad representa un problema potencial dentro del sistema penitenciario, debido a la filtración de información y las fugas que se dan sobre todo en los traslados para audiencias.
“Es un problema de seguridad para nosotros trasladar a toda la gente, dejarles ahí toda la mañana en vano porque no tienen audiencia, y despues pasarle a recoger a todos. Es un gasto innecesario si se va suspender la audiencia, y sobre todo si el perfil (de los reclusos) es de alta peligrosidad”, advirtió la ministra Pérez.
“Nosotros naturalizamos la corrupción porque no hay castigo, entonces hay que seguir los procesos, hay que iniciar una investigación y tomar medidas”, agregó.
Las requisas penitenciarias también representan un gran negocio, ya que los reclusos pagan grandes cantidades de dinero por recibir “advertencias” y hasta para recuperar algunos de sus objetos personales. “Efectivamente es un negocio, por eso cada 15 días volvés a encontrar todo de vuelta, no nos vamos a mentir”, reconoció Pérez.
“Pero sí el trabajo que se intenta hacer es que no se filtre la información, que realmente se quite todo lo que se encuentra en ese momento y se lleve a un depósito para destruir, porque sino es otro negocio, viene otro grupo y vuelve a llevar en otro lado”, agregó la ministra.
Las facciones del crimen organizado que operan en el país son uno de los grandes conflictos dentro de las cárceles, ya que cada vez tienen más injerencia en los asuntos internos de los penales y manejan grandes negociados.
“Una ventaja que tenemos es que el nuevo Director de Establecimientos Penitenciarios es criminólogo, tiene conocimientos y estudió en EEUU. No solo sabe cómo piensa el criminal sino que estudia su forma de operar y conoce el sistema”, manifestó la ministra Pérez.
Además, comentó que Paraguay recibe cooperación del Gobierno de Brasil y del Comando Tripartito, organismo que anunció la apertura de un centro de inteligencia en la Triple Frontera. “Son acciones necesarias porque solos no vamos a poder resolver”, admitió.
El Ministerio de Justicia lleva adelante la ambiciosa tarea de reformar el sistema penitenciario; sin embargo, la nueva ministra asegura que este trabajo debe realizarse en conjunto con otros organismos del Estado y es imprescindible la cooperación de las fuerzas del orden público.
“Es una cuestión de día a día, semana a semana. Estamos trabajando desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo en todos los ámbitos porque la situación lo amerita, tenemos que estar todo el tiempo encima”, expresó.
Otras de las cuestiones que plantea la ministra Pérez, es la posibilidad de que las personas privadas de su libertad que aún no recibieron condena, puedan votar desde las cárceles.
“Hay 12.000 personas privadas de su libertad que no tienen condena y que estarían habilitadas constitucionalmente para votar. Hay otros países que lo hacen y no está mal visto, más adelante podríamos plantear porque estamos en falta con la Constitución”, manifestó la funcionaria.
La idea de que las personas privadas de su libertad deben “sufrir” dentro de las cárceles en condiciones deplorables, es un pensamiento que se debe eliminar, asegura la ministra Pérez.
Por eso, entre los objetivos de su gestión está mejorar la condición de vida de los reclusos, separando a la población carcelaria por su grado de peligrosidad. “Si nosotros le maltratamos van a salir peor de lo que entraron (…) tenemos que trabajar y no esperar que la persona salga maravillosamente después de estar en esas condiciones”, reflexionó Pérez.
“Ese pensamiento hemos tenido todo este tiempo y este es el resultado, trabajemos de otra manera para que los resultados sean diferentes”, propuso.
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