El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Javier Díaz de Vivar y sus hermanas, Cristina Victoria y María Esther fueron imputados por la fiscal Karina Liz Caballero, en un caso de falsificación de documentos, en el marco de una disputa de sucesión de acciones de una empresa.
Según manifestó la propia agente fiscal, Caballero fue rápidamente recusada, sin tener tiempo de acceder a los documentos.
En contacto con la 1020 AM, confirmó además que recibió amenazas, tras la imputación que formuló. Sin embargo, no quiso dar detalles del hecho, ya que realizará la denuncia por los canales correspondientes.
“No me gusta llevar a la prensa, yo soy abogada y me defiendo con la lapicera”, aseguró.
Por otra parte, mencionó que la recusación llama la atención ya que el caso estuvo parado por tres años y que incluso no llegó a acceder al texto de la acción por lo rápido que se dio.
“El 27 presentamos la imputación e inmediatamente me recusaron y me bloquearon los accesos en el sistema electrónico, no puedo acceder más al expediente”, expresó.
Relató también que se presentó la acusación y ya le recusaron y ahora su unidad está cerrada por posible contagio de Covid-19. “Me llama muchísimo la atención en cuanto a cómo se comportan. Estalla una bomba y al primero al que le miran es al fiscal y no miran otra parte, están los abogados también”, aseguró.
Una denuncia fue radicada por Gustavo Antonio Díaz de Vivar en representación de su madre, María del Pilar de Díaz de Vivar, por presunta falsificación de firmas en actas de la empresa Castilla S.A. con el presunto fin de impedir la venta de acciones.
La imputación indica que Javier Díaz de Vivar presentó ante el juez que tramitaba la sucesión de los bienes de su padre, que unas acciones de la referida empresa correspondían a su madre, y solicitó que se imponga una medida de no innovar para evitar la venta de las mismas, pero lo habría hecho con un documento con la firma falsificada de Gustavo Díaz de Vivar.
El documento poseía una firma apócrifa del causante para obtener una Medida Cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre 540 acciones de Castilla S.A., medida emitida por el Juzgado en diciembre de 2017.
La fiscala afirmó que tras la pericia realizada se pudo constatar que no corresponde con la firma atribuida al denunciante.
