Con la investigación se busca recabar datos sobre los hechos de perjuicio a la cuenca del lago que fueron constatados por Rafael Sosa, director general de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente.
El caso pudo ser detectado gracias a la denuncia realizada por una persona en la página web de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (CONALAYPA).
“El denunciante, informó que el municipio había cambiado su Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) sin Declaración de Impacto Ambiental y violando la Zonificación establecida por el MADES para el Área Silvestre Protegida”, explicó Renato Máas, director de la Conalaypa.
Máas indicó también que el hecho fue constatado por el MADES y que incluso pidieron un informe al entonces intendente Luis Aguilar, sobre los supuestos cambios en el POUT del municipio.
Detalló además que tras haber solicitado los informes al municipio de San Bernardino, procedieron a trasladar la denuncia ante el Ministerio Público, conforme lo establece la ley de creación de la comisión. El caso es liderado por el fiscal Jalil Rachid, especializado en delitos contra el medio ambiente.
Explicó que la modificación Plan de Ordenamiento Urbano Territorial y Ambiental del municipio, podría poner en riesgo zonas críticas de protección ambiental para la recuperación del Lago.
Manifestó que el crecimiento urbano desorganizado y con alta dosis de informalidad es el principal problema dentro de la cuenca, puesto que históricamente los asentamientos urbanos se realizaron en zonas donde el Estado no puede ofrecer los servicios públicos como alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos y saneamiento ambiental.
“La idea no es ir en contra de los desarrollos inmobiliarios, sino acompañar a los desarrolladores para que los proyectos que se implementen dentro del Área Silvestre Protegida sean amigables para el ambiente y se adecuen a la normativa vigente”, finalizó Máas.
