El fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón. Foto: Ministerio Público.
Después de cuatro postergaciones y un agitado debate interno, la Cámara de Diputados ha cedido a la solicitud presentada en marzo por el fiscal general, Emiliano Rolón.
Una ampliación presupuestaria de G. 64.904 millones, provenientes de la Fuente 10 (Recursos del Tesoro), ha sido otorgada con el objetivo de saldar deudas pendientes heredadas de la gestión anterior, liderada por Sandra Quiñónez.
Las deudas acumuladas durante la administración de Quiñónez abarcan varios rubros. Los más notables son G. 18.675 millones correspondientes a alquileres impagos y G. 6.000 millones adeudados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Estas cifras comprometen seriamente el funcionamiento óptimo de las sedes fiscales en todo el país.
Adicionalmente, se ha destacado que parte de este aumento presupuestario será destinado a cubrir vacantes dejadas por fiscales jubilados.
Se prevé la contratación de 568 nuevos empleados, sumando un monto de G. 12.601.691.832. Este capital asegurará los salarios de ocho fiscales adjuntos, 40 agentes fiscales y 120 asistentes fiscales, informó ABC Color.
En palabras de varios diputados, la esperanza radica en que esta inyección económica se traduzca en un fortalecimiento palpable del Ministerio Público.
Hay un consenso en otorgar un voto de confianza a los servidores de la Fiscalía, esperando que este órgano no sea instrumentalizado con fines políticos, sino que prevalezca la justicia y la transparencia.
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