Dirigente de Club Resistencia y su hija obtienen libertad ambulatoria en caso de usura

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, ha concedido la libertad ambulatoria al dirigente deportivo del Club Resistencia, Roberto Damián Garcete Rodríguez y a su hija, Fabiana Soledad Garcete Cano. Ambos estaban procesados por presunta usura, lavado de dinero, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas realizada el jueves. Según explicó el juez Delmás, tanto el agente fiscal Luis Said, como la representación de la querella, se adhirieron al pedido de libertad ambulatoria hecho por la defensa de los procesados.

Para obtener la libertad ambulatoria, Fabiana Cano Garcete presentó una caución real por un inmueble valorado en G. 1.500 millones. Además, un informe médico certifica que está embarazada de 8 meses y su estado es de alto riesgo, lo que influyó en la decisión tanto del juzgado como del Ministerio Público.

Por otro lado, el juez Delmás ratificó el arresto domiciliario para Lida Concepción Cano, esposa de Roberto Garcete, su otro hijo, Roberto Alejandro Garcete Cano y la escribana Maria de Lourdes Duarte Franco. A todos ellos se les emplazó a presentar en el término de 72 horas una caución real por valor de G. 1.500 millones, teniendo en cuenta el principio de igualdad procesal.

El caso se centra en un supuesto esquema de usura en el que, según la imputación del fiscal Luis Said, Eladio Britos, supuesta víctima de usura, solicitó un préstamo de G. 200.000.000 a Roberto Garcete en junio de 2013. La entrega del dinero se realizó en la Escribanía Pública de María de Lourdes Duarte Franco, donde se formalizó un documento que comprometía al pago del préstamo a las hijas de Britos, garantizando la operación con un inmueble.

La fiscalía sostiene que Britos y sus hijas no recibieron las supuestas sumas señaladas en la escritura en concepto de compraventa (G. 300.000.000 o G. 1.500.000.000), pues no consintieron ese acto de compraventa, ni tuvieron acceso a copia del documento firmado.

Además, la fiscalía indica que en noviembre de 2014, Roberto Garcete Rodríguez convocó a Britos a una reunión en una oficina de Ramón González Daher, quien les impuso un plazo de treinta días para desalojar su vivienda que había sido objeto de garantía del préstamo de G. 200 millones.

Fuente: ABC Color.

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