El Ministerio Público ha realizado un ajuste sustancial en la escala de su examen interno para cubrir las 111 vacancias existentes para el cargo de asistente fiscal.
De los 638 abogados que realizaron el examen, inicialmente solo 27 pasaron con el puntaje mínimo. Para superar este obstáculo, se decidió reducir la escala, lo que permitió que 155 aspirantes fueran habilitados para los cargos.
La convocatoria a este concurso interno se realizó a través de la Resolución FGE N° 5.224/2.023. El sábado pasado, 638 abogados de la institución presentaron el examen de conocimientos generales, específicos y de redacción.
El temario de la prueba incluyó aspectos de la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley N° 1.562/2.000 “Orgánica del Ministerio Público”.
Para pasar a la siguiente etapa del concurso, los postulantes debían alcanzar el puntaje mínimo del 70%, equivalente a 39 puntos. Sin embargo, solo 27 aspirantes lograron alcanzar esa cantidad de puntos, representando apenas el 4% del total.
⚖️ | INSÓLITO
De los 686 funcionarios fiscales que rindieron el examen de conocimientos sobre la Constitución Nacional, los Códigos Penal y Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el 75% se aplazó.
La prueba forma parte del proceso interno de selección que se… pic.twitter.com/esR4cDZ4l4— Titulares Paraguay (@PYtitulares) October 24, 2023
Frente a este bajo rendimiento y la necesidad de ocupar las vacancias existentes, las autoridades decidieron bajar la escala al 60%, lo que redujo el puntaje mínimo requerido a 33 puntos. Con esta nueva regla, el número de habilitados para la siguiente etapa del concurso aumentó a 155 abogados.
Esta situación pone de manifiesto que el Ministerio Público cuenta con abogados no aptos para el cargo en sus filas, si se tiene como parámetro que el 96% de los aspirantes no superó la primera escala establecida.
Según el artículo 21 de la Ley N° 1.626/2.000 “De la función pública”, los funcionarios públicos que resulten reprobados en dos exámenes consecutivos de evaluación deben ser desvinculados de la función pública en un plazo no mayor a treinta días.
Fuente: ABC Color
