La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha abierto una nueva investigación que involucra al consorcio Electronic Ticket Control (ETC) en relación con el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. Este contrato, valuado en USD 3,9 millones, ha sido objeto de escrutinio debido a posibles irregularidades y conexiones preocupantes.
ETC, representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, fue adjudicado a través de una licitación pública nacional y está compuesto por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima y V SAT SA, esta última vinculada previamente a investigaciones por corrupción.
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Este caso marca la tercera investigación de DNCP en torno al contrato del CCM del billetaje, en el cual se han detectado múltiples problemas. Entre ellos, se encuentra la no entrega de bienes y servicios acordados, lo que podría representar una pérdida de G. 500 millones para el Estado.
Además, surgen inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, ya que no se ha encontrado evidencia de que Víctor Sánchez, asesor privado de ETC y exviceministro de Transporte, se haya desvinculado adecuadamente de la firma privada al asumir su cargo público.
La controversia se intensificó cuando Sánchez admitió que el Estado estaba subsidiando a pasajeros inexistentes y que el Viceministerio de Transporte carecía de la tecnología necesaria para controlar las frecuencias de los autobuses y someter a auditoría a las operadoras del billetaje, Epas (tarjeta Jaha) y TDP SA (tarjeta Más).
La falta de datos precisos sobre el pasaje y los subsidios debido a la incompletitud del CCM podría beneficiar a Cetrapam, la operadora con mayor participación en el mercado y receptora de subsidios.
Sorprendentemente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha tomado medidas para completar los componentes faltantes del centro de monitoreo, a pesar de las recomendaciones de técnicos y las investigaciones de Contrataciones Públicas.
Esta nueva investigación pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en los contratos públicos y destaca la importancia de abordar las irregularidades en el sector del transporte para garantizar un servicio eficiente y justo para la ciudadanía.
Fuente: ABC Color
