Imagen: Gentileza ABC Color.
En una movida que ha levantado sospechas y críticas, Petróleos Paraguayos (Petropar) adjudicó un contrato millonario a Tecnoambiental SRL, una empresa vinculada a Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del MADES.
Este contrato, destinado a la consultoría para el “diagnóstico integral en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente” en diversas instalaciones de Petropar, ha generado serias dudas sobre su proceso de licitación.
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La adjudicación, valorada en G. 1.587.083.334, llama la atención no solo por la magnitud de la cifra, sino también por la celeridad y las circunstancias bajo las cuales se otorgó. Tecnoambiental SRL fue la única empresa que presentó una oferta para este contrato, un hecho que ya de por sí suscita interrogantes.
La licitación, que incluyó la subasta a la baja electrónica realizada el 30 de octubre y la propuesta recibida al día siguiente, fue formalizada mediante la resolución Nº 420/23, aunque la publicación de dicho documento en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se realizó posteriormente.
Los competidores potenciales han señalado que las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación resultaron restrictivas y, en algunos casos, inusuales. Entre ellas, la exigencia de experiencia específica en estudios ambientales de estaciones de servicios y la inscripción en el MADES como empresa consultora ambiental.
Estas especificaciones, aparentemente diseñadas a la medida, habrían desalentado o imposibilitado la participación de otras empresas en la licitación.
Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de un direccionamiento hacia Tecnoambiental SRL. La relación de la empresa con el hermano del Ministro del MADES, y la falta de otros oferentes, alimentan las especulaciones de un posible conflicto de intereses y tráfico de influencia.
A pesar de las afirmaciones de William Wilka, gerente general de Petropar, quien defendió la transparencia del proceso y negó cualquier direccionamiento o tráfico de influencia, las dudas persisten.
La comunidad empresarial y la opinión pública exigen mayor claridad y justificación en un contrato de tal envergadura, especialmente considerando el contexto de una institución estatal como Petropar.
Fuente: ABC Color
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