JEM investigará a magistrados acusados de intentar despojar de sus tierras a un sojero

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió admitir una acusación contra dos jueces y tres miembros del Tribunal de la ciudad de Yuty (Caazapá) por presuntas irregularidades en un caso de tierras.

Se trata de los magistrados; Miguel Ángel Riquelme, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty; y Evelyn Rosana Martínez Talavera, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Yuty.

Además, Édgar Adrián Urbieta, Margarita Miranda Brítez y Guido Ramón Melgarejo, todos miembros del Tribunal de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial del Departamento de Caazapá.

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Según la acusación, los magistrados habrían sido parte de una maniobra para despojar de sus tierras a Plinio Pereira, ex gobernador del departamento de Itapúa.

Pereira posee unas 380 hectáreas mecanizadas dedicadas a la plantación de soja en el distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa. El valor del inmueble es de USD 4 millones (G. 30.000 millones al cambio actual).

Sin embargo, un empresario, apoyado con decisiones favorables de jueces y miembros del Tribunal de Caazapá, busca quedarse con el inmueble.

Hasta el momento, logró ya unas medidas cautelares para que Pereira no siembre en su inmueble, con las consecuencias económicas que ello implica.

Las acusaciones contra los magistrados son las siguientes:

  • A Riquelme se lo acusa de haber dado trámite a la demanda por medio de la providencia del 20 de abril del 2021, pese a que la parte actora no había cumplido con el pago previo de las tasas judiciales y ser incompetente en razón al territorio.
  • Se lo acusa también de haber decretado graves medidas cautelares sin fundar la decisión respecto al cumplimiento de los presupuestos genéricos necesarios conforme a lo que establece el artículo 693 del Código Procesal Civil.
  • Las acusaciones sobre Evelin Martínez, son las siguientes; se declaró incompetente para el caso, sin embargo, olvidó notificarlo a las partes en el plazo de un mes. En ese periodo de tiempo, dictó providencias, como la del 14 de febrero del 2023. Además, hizo una serie de consideraciones respecto a las medidas cautelares solicitadas por el actor y las concede.
  • Así también, el 27 de marzo del 2023, no hizo lugar a la excepción de defecto legal debido a la falta de boletas de tasas judiciales que es una exigencia.
  • Sobre los magistrados; Urbieta, Miranda y Melgarejo, los mismos desestimaron el recurso de nulidad interpuesto el 28 de noviembre del 2022. Además, declararon la competencia de la jueza Martínez para comparecer en la causa.

El JEM deberá ahora llevar adelante un proceso de investigación para determinar si los magistrados acusados son responsables de las irregularidades que se les imputan. Si así lo determina, los magistrados podrían ser destituidos de sus cargos.

Fuente: Última Hora

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