El juez Gustavo Amarilla ordenó el arresto domiciliario de Blas Manuel Velázquez Fernández, exsíndico de Quiebras, quien está siendo procesado por la venta doble de un inmueble.
Este caso despertó un especial interés, no solo por los delitos imputados, sino también por la presunta lealtad del acusado al conocido clan Fretes, liderado por el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Velázquez, deberá permanecer en su residencia ubicada cerca de la comisaría de Quiindy, en el departamento de Paraguarí.
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El juez Amarilla, al frente del caso en reemplazo temporal del juez Humberto Otazú, especializado en Delitos Económicos, impuso además una fianza real sobre dos propiedades, valoradas en un total de G. 1.700 millones, y citó a Velázquez a presentarse a una declaración indagatoria en un plazo de tres días.
La fiscala Natalia Cacavelos, manteniendo una postura firme, se ratificó en su solicitud de prisión para el exfuncionario, recordando que Velázquez fue imputado el 31 de julio de 2023 y, posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año, se declaró su rebeldía y se ordenó su captura. La Fiscalía, con una prórroga extraordinaria concedida, tiene hasta el 31 de mayo para presentar su requerimiento conclusivo en este caso.
La defensa de Velázquez, liderada por el abogado Richard Peralta, solicitó una medida alternativa a la prisión, argumentando que su cliente padece de ansiedad y depresión aguda. Sin embargo, la fiscala Cacavelos contrarrestó esta petición, señalando que no se cumplen los requisitos del artículo 238° del Código Procesal Penal, el cual contempla limitaciones para la prisión preventiva en casos de enfermedades graves o terminales.
Durante su tiempo en la clandestinidad, Velázquez litigó durante cuatro meses, empleando diversas chicanas legales, lo que llevó a la Cámara de Apelaciones a declararlo litigante de mala fe. Su figura aparece en múltiples denuncias como presunta parte de una red protegida por el clan Fretes, acusada de despojar tierras bajo el control de la Sindicatura General de Quiebras, durante muchos años considerada como un feudo del exmiembro de la Corte Suprema.
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El juez Otazú, especializado en Delitos Económicos, declaró en rebeldía a Velázquez y dictó su captura, luego de que un Tribunal de Apelación rechazara un recurso presentado por su defensa. A lo largo de este proceso, Velázquez se mantuvo en la clandestinidad, frenando el desarrollo normal del proceso investigativo con una serie de acciones dilatorias.
Desde que la fiscala Cacavelos lo imputara por lesión de confianza y otros delitos el 31 de julio, Velázquez interpuso múltiples recursos legales. Además, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, en relación con la orden de detención en su contra. También recusó en varias ocasiones a la agente fiscal, aunque estas recusaciones fueron confirmadas por la Fiscalía General del Estado.
En este complejo caso, se acusa a Velázquez de intentar vender dos veces el mismo inmueble, un acto que la Fiscalía destaca como un perjuicio patrimonial considerable para la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra.
Fuente: ABC.
