Fábrica ilegal de criptomonedas provocó un perjuicio de más de G. 700 millones para la ANDE. Foto: ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en una operación conjunta con el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una fábrica ilegal de criptomonedas en la ciudad de Lambaré, Departamento Central. Esta intervención se llevó a cabo debido a la sustracción masiva de energía eléctrica, que ocasionó graves perjuicios a la empresa estatal.
El depósito clandestino, ubicado en el barrio Puerto Pabla de Lambaré, había estado operando como una fábrica irregular de criptomonedas, generando un perjuicio económico mensual estimado en más de G. 747.000.000 debido a la energía no facturada. La ANDE, detectó que se había manipulado el medidor de media tensión y que la fábrica estaba conectada de manera irregular a la red eléctrica.
Durante la inspección, se encontraron siete transformadores con diferentes potencias, sumando un total de 4.315 kilovoltamperios (kVA). Además, se incautaron 812 máquinas minadoras de criptomonedas y una cantidad considerable de procesadoras sin instalación adecuada.
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Es relevante destacar que estas máquinas coinciden con las identificadas en otra operación previa realizada en la localidad de Ñemby. Esto sugiere la posibilidad de que ambos eventos estén relacionados y sean obra del mismo grupo delictivo, según informó Telefuturo.
Félix Sosa, titular de la ANDE, explicó en una entrevista con Monumental 1080 AM que la intervención se basó en el análisis de los parámetros eléctricos, lo que permitió identificar un consumo desproporcional en la zona de Lambaré. Este hecho se sumó a las quejas constantes de los residentes sobre cortes de energía en la región.
Durante la revisión, se descubrió que el medidor de la fábrica registraba solo un 2,2% del consumo real de energía, a pesar de que la instalación consumía aproximadamente 3 megavatios de potencia. Esto representa un consumo mucho mayor al que se había estado facturando, lo que resultaba en un cobro mensual de apenas G. 17.000.000, en lugar de los G. 747.000.000 que debía abonarse.
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La ANDE recordó que la sustracción de energía eléctrica conlleva penas de hasta tres años de prisión, además de las consecuencias legales relacionadas con actividades ilícitas como la operación de una fábrica no autorizada de criptomonedas.
Fuente: ABC Color.
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