La Cámara de Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley Hambre Cero. ÚH
Mediante el respaldo de la mayoría oficialista y sus bancadas satélites, la Cámara Baja aceptó el veto total del Poder Ejecutivo en relación a un proyecto de ley que buscaba modificar el Código de Organización Judicial. Esta iniciativa tenía como objetivo evitar que diversas instituciones públicas eludan el control de la Contraloría General de la República (CGR) amparándose en el Tribunal de Cuentas.
A pesar de los intentos de persuasión por parte de los impulsores de la ley, como el diputado Jorge Ávalos Mariño, la mayoría oficialista se impuso utilizando su disciplina de bancada y su clara ventaja numérica. Ávalos Mariño había abogado por el rechazo del veto, argumentando que varias entidades evitan el control de la Contraloría planteando inconstitucionalidades ante el Tribunal de Cuentas.
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En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo manifestó su rechazo al veto, cuestionando la falta de resultados y denuncias por parte del Tribunal de Cuentas en relación a la rendición de cuentas e irregularidades detectadas.
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Por su parte, el diputado Mauricio Espínola subrayó que ninguna inconstitucionalidad planteada excluye el rol auditor nacional de la Contraloría.
Sin embargo, prevaleció el argumento de la líder de bancada oficialista, Rocío Abed, quien respaldó el veto del Ejecutivo bajo la premisa de solucionar la controversia entre las competencias de ambas instituciones.
Tras un amplio debate y la exposición de las diferentes posturas, la mayoría decidió aceptar el veto del Poder Ejecutivo, limitando así el control de la Contraloría sobre las instituciones públicas que busquen evadir su fiscalización amparándose en el Tribunal de Cuentas.
Fuente: Última Hora.
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