Legisladores aprueban ley que habilita reorganización del Estado paraguayo

En un paso clave para concretar el Plan de Reorganización del Estado impulsado por el presidente Santiago Peña, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría una ley que habilita la fusión de ministerios, viceministerios y secretarías. Esta iniciativa, presentada como una medida para mejorar la eficiencia gubernamental, ha generado controversia y enfrentamientos entre el Ejecutivo y diversos sectores.

La ley aprobada otorga al Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, la potestad de dictar normas de procedimientos en las instituciones de los tres poderes del Estado. Sin embargo, ante las protestas de gobernadores e intendentes, se excluyó a las gobernaciones y municipios de esta medida, preservando su autonomía administrativa.

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Aunque la ley no especifica qué instituciones serán fusionadas, el ministro Valdovinos ha recomendado al presidente Peña achicar las dependencias del Ejecutivo y fusionar alrededor de 30 ministerios, secretarías e instituciones. El plan consistiría en dividir el Estado en varios “ejes de gobernanza” como Salud, Política Exterior, Educación, Acción Social, Seguridad, Agricultura y Obras.

Sancionan proyecto que regula la organización administrativa del Estado

️»La Ley va a funcionar como articuladora de eventuales decisiones políticas que tome el Ejecutivo en cuánto a la reorganización y reforma del Estado», explicó el diputado Rodrigo Blanco.

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— Radio Ñandutí (@nanduti) May 8, 2024

Los impulsores de la ley aseguran que estas medidas buscan mejorar la eficiencia y optimizar los recursos del Estado. No obstante, legisladores opositores como Rodrigo Blanco, Federico Franco y Rubén Ramírez han cuestionado la falta de datos concretos que respalden los supuestos ahorros que generarían las fusiones de instituciones.

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Otro aspecto polémico es la inminente presentación de la Ley del Servicio Civil, que busca reducir la burocracia estatal y ha enfrentado el rechazo de legisladores y sindicatos. Estos últimos temen que la norma priorice la eficiencia en detrimento de los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Fuente: LPO