Foto: Gentileza.
A más de cuatro meses de haberse realizado un acto simbólico de entrega en presencia del presidente Santiago Peña, las más de 2.000 armas incautadas en el marco del operativo Dakovo contra el tráfico ilegal de armas aún no han sido entregadas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este arsenal, compuesto por fusiles y pistolas, permanece resguardado en un depósito policial a disposición del juzgado a cargo del caso.
La jueza Lici Sánchez, encargada de la causa, explicó que se realizó un exhaustivo inventario para determinar con precisión la cantidad de armas y municiones decomisadas. Este proceso, calificado como “arduo y serio”, llevó su tiempo debido a la magnitud del operativo y la importancia de resguardar adecuadamente las pruebas.
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Según detalló la magistrada, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares han presentado solicitudes para la distribución equitativa de las armas confiscadas, teniendo en cuenta las necesidades de cada institución. La resolución judicial establece que la asignación estará sujeta a los resultados del proceso penal en curso, lo que podría derivar en el comiso definitivo, la devolución a los propietarios o incluso acuerdos entre las partes.
Sánchez aclaró que la institución encargada de la custodia de las armas será responsable de compensar a los propietarios en caso de pérdida o daños, dado que no se podían dejar en manos de la empresa involucrada en las irregularidades que dieron origen al caso. Este proceder meticuloso se debe a la envergadura del delito que involucra a Paraguay y Brasil.
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El operativo Dakovo, llevado a cabo por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), desarticuló una red que presuntamente blanqueaba armas en Paraguay para su posterior comercialización ilegal, moviendo cerca de 240 millones de dólares en los últimos tres años. En total, 16 personas fueron detenidas, entre ellas los presuntos líderes de la organización, Diego Dirisio y su esposa Julieta Nardi, quienes fueron capturados en Argentina en febrero pasado.
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Aunque se realizó un acto simbólico de entrega de las armas incautadas el pasado 29 de diciembre, con la presencia del presidente Peña y otras autoridades, la distribución efectiva del arsenal entre policías y militares aún no se ha concretado. Las autoridades judiciales insisten en la necesidad de seguir los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia y el debido proceso en un caso de tal relevancia para la seguridad nacional.
Fuente: Última Hora.
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