La Pastoral Social Nacional, perteneciente a la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), ha expresado su preocupación y se ha sumado al pronunciamiento de más de 80 organizaciones no gubernamentales (oenegés) que advierten sobre el peligro que representa para la democracia el polémico proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. A través de una carta abierta dirigida a autoridades nacionales, fieles católicos y personas de buena voluntad, este órgano de la Iglesia Católica se adhiere a la postura de las oenegés, que temen que la iniciativa impulsada por cartistas sea utilizada como herramienta de persecución política.
La Pastoral Social de la CEP considera que el marco legal vigente ya contempla de manera suficiente y coherente las instituciones y mecanismos necesarios para el control y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, conforme a la naturaleza y ámbito de actuación de cada tipo de organización de la sociedad civil. Esta postura se suma al pedido del propio cardenal paraguayo Adalberto Martínez, quien antes de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, solicitó su postergación para establecer un espacio de diálogo con los afectados. Sin embargo, la propuesta tuvo media sanción sin importar dicho pedido, gracias a la mayoría impuesta por la “aplanadora cartista” en la Cámara Alta.
Según la Pastoral Social, el proyecto de ley “contradice principios de la Iglesia” y de la Constitución Nacional. La acción de este órgano se enmarca en los principios rectores de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad. La carta abierta también recordó lo que dice la Iglesia con relación a la responsabilidad del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, enumerando el principio de subsidiaridad que insta a ayudar a los particulares y cuerpos intermedios, enfatizando su libertad y responsabilidad, y oponiéndose a toda forma de centralización excesiva del Estado.
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La Iglesia Católica menciona que el Estado debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos, y que los organismos estatales deben ponerse en actitud de ayuda respecto a las oenegés. Recalca que la consecuencia de la subsidiaridad es la participación, uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las mejores garantías de permanencia de la democracia.
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Los afectados por el proyecto de ley consideran que la normativa no solo apunta a las ONG, sino a cualquier tipo de organización, como comisiones barriales, religiosas, de salud, educación e incluso las que trabajan con datos de grupos vulnerables, como niños y personas con VIH, entre otros. Esta preocupación es compartida por la Iglesia Católica, que ve en la iniciativa una amenaza a la libertad de asociación y a la autonomía de la sociedad civil.
Fuente: Última Hora.
