La Cámara de Diputados debatirá este martes un controvertido proyecto de ley que permitiría al Gobierno acceder a cámaras de seguridad privadas en espacios públicos y, en ciertos casos, incluso en propiedades privadas. Presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib, la iniciativa ha generado críticas entre ciudadanos y defensores de los derechos humanos, quienes temen que esta legislación se convierta en una herramienta de espionaje (“pyraguereato”) a favor del Estado.
El proyecto de ley, titulado “Que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, plantea dar a la Policía Nacional el control sobre el acceso y manejo de imágenes captadas por cámaras privadas ubicadas en espacios públicos. Según la propuesta, los propietarios de cámaras instaladas en sus domicilios y enfocadas hacia la vía pública estarían obligados a comunicar la instalación de estos equipos a la Policía y a colaborar cuando las autoridades soliciten acceso a las grabaciones.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto radica en el artículo 3º, numeral 7, que establece que cualquier persona con cámaras enfocadas hacia áreas públicas deberá notificar a la Policía sobre su existencia. A su vez, los propietarios estarán obligados a cooperar con las autoridades en caso de requerimiento oficial. Aunque el artículo prohíbe expresamente la grabación de sonidos sin una orden judicial, permite que las imágenes dentro de propiedades privadas se registren con el consentimiento del titular o autorización judicial.
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Los defensores de derechos ciudadanos sostienen que esta disposición podría infringir las libertades individuales, ya que implica una vigilancia estatal sobre cámaras que hasta ahora eran exclusivamente privadas.
Uno de los cuestionamientos hacia el proyecto es el estado actual del sistema de vigilancia estatal, operado por la Policía Nacional. De las aproximadamente 1.000 cámaras en el sistema de emergencia 911, se estima que al menos 350 no están operativas y otras tantas carecen de conexión remota para ser monitoreadas desde el centro de control. Este contexto hace dudar sobre la capacidad de la Policía para gestionar, custodiar y proteger los datos de las cámaras privadas si el proyecto se aprueba.
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Además, la Cámara de Diputados ha pospuesto repetidamente el análisis de la Ley de Protección de Datos Personales, que podría garantizar un uso adecuado de la información de la ciudadanía en proyectos de esta naturaleza.
El término “pyraguereato” alude a una práctica de espionaje en la que ciudadanos comunes eran vigilados en secreto por la dictadura stronista, un temor que revive con esta iniciativa. Críticos advierten que el proyecto podría utilizarse para monitorizar la vida cotidiana de los ciudadanos bajo el pretexto de seguridad pública. La falta de una ley integral de protección de datos también exacerba los temores sobre el posible uso indebido de las imágenes captadas.
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Organizaciones de derechos humanos y grupos ciudadanos han expresado preocupación y piden que cualquier acceso a cámaras de seguridad privadas sea estrictamente regulado. Sin una normativa de protección de datos en vigor, estos sectores consideran que el proyecto de ley podría abrir la puerta a abusos de autoridad y a la invasión de la privacidad.
Este martes, el debate sobre este proyecto en la Cámara de Diputados promete ser un punto de inflexión en la relación entre seguridad y privacidad en el país.
Fuente: ABC Color
