El senador argentino Edgardo Kueider conversa con agentes de la Policía Nacional de Paraguay en la Comisaría Sexta de Asunción (Paraguay). Juan Pablo Pino
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, formalizó la solicitud de extradición del senador argentino Edgardo Kueider, quien actualmente cumple arresto domiciliario en Paraguay tras ser detenido con USD 200.000 sin declarar. La magistrada también solicitó el desafuero del legislador ante la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En paralelo al pedido de extradición, la Gendarmería argentina ejecutó una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a Kueider en la provincia de Entre Ríos. Las operaciones se concentraron en inmuebles ubicados en Paraná, específicamente en la intersección de Santiago del Estero y Tejeiro Martínez, así como en una propiedad en Concordia perteneciente a un familiar del senador.
La investigación judicial no se limita solo a Kueider, sino que incluye también a su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien fue detenida junto al senador en Paraguay y actualmente cumple arresto domiciliario. Ambos enfrentan una orden de detención internacional emitida por Interpol.
La jueza Arroyo Salgado ha decretado el secreto de sumario y ordenado medidas cautelares patrimoniales tanto en territorio argentino como en el extranjero. Estas medidas buscan congelar los bienes de ambos procesados mientras avanza la investigación por presunta corrupción.
El pedido de desafuero llegó en un momento crítico, coincidiendo con una sesión de la Cámara Alta donde se debatía el futuro político de Kueider. Las opciones en discusión incluían su expulsión, suspensión o la aceptación de un pedido de permiso solicitado tras su arresto domiciliario en Paraguay.
En el ámbito político argentino, el caso ha generado tensiones entre diferentes sectores. El oficialismo se inclina por una suspensión temporal en lugar de la expulsión, similar al tratamiento propuesto para el caso de Óscar Parrilli en la investigación del Memorándum con Irán. Una eventual expulsión podría resultar en que la banca sea ocupada por un representante kirchnerista.
Para que el desafuero prospere, se requiere el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes en la sesión. Alternativamente, el pedido podría ser derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que paradójicamente está presidida por el propio Kueider.
Las autoridades judiciales argentinas aguardan la respuesta de Paraguay al pedido de extradición, un proceso necesario para superar las inmunidades parlamentarias que protegen al legislador en territorio argentino. Kueider obtuvo su libertad condicional en Paraguay tras pagar una fianza de USD 300.000, que cubrió tanto su situación como la de su secretaria.
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La investigación en curso podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay, especialmente en materia de cooperación judicial y lucha contra el lavado de dinero. El caso también pone a prueba los mecanismos de coordinación entre las justicias de ambos países.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio público sobre la conducta de funcionarios electos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo a través de fronteras internacionales. La resolución del caso podría establecer precedentes importantes para futuras situaciones similares en la región.
Fuente: ABC Color
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