Fiscal Soledad González, agente encargada de la investigación.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación formal sobre el presunto esquema denominado como “la mafia de los pagarés”. Este caso, denunciado por el abogado Jorge Rolón Luna, apunta a posibles irregularidades en los juzgados de Paz, donde supuestamente se han fraguado notificaciones judiciales para embargar salarios de víctimas sin su conocimiento.
La fiscala Soledad González, de la Unidad Penal N° 1 Barrial N° 3, lidera la causa caratulada como “Innominado s/ a determinar” y convocó a Rolón Luna a una audiencia de declaración testifical. Según el denunciante, este esquema afecta anualmente a miles de paraguayos, quienes son víctimas de embargos injustos tras procesos judiciales viciados.
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“Habemus investigación penal. Un poco tarde, la fiscalía va a investigar a los grupos criminales que estafan anualmente a miles de paraguayos. Me han notificado de una convocatoria para declarar como testigo en una causa innominada”, manifestó Luna en su cuenta de X(ex Twitter).
La denuncia detalla que funcionarios judiciales, específicamente ujieres, estarían implicados en la falsificación de notificaciones para facilitar el cobro de pagarés. Esto ha permitido que los procesos avancen sin que las víctimas sean notificadas, privándolas de su derecho a defensa. Según el abogado, algunos de estos funcionarios ostentan estilos de vida incompatibles con sus ingresos, incluyendo viajes al extranjero y bienes de lujo.
En respuesta a estas denuncias, la Corte Suprema de Justicia emitió resoluciones para abrir auditorías en los juzgados de Paz del Distrito de la Catedral, Primer y Segundo Turno, así como en el de La Encarnación. Además, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría patrimonial de los magistrados y funcionarios vinculados al caso.
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La Corte también tomó medidas administrativas inmediatas, reubicando a funcionarios implicados y suspendiendo ascensos y nombramientos interinos en los juzgados investigados. Estas acciones buscan garantizar transparencia y fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.
El caso ha generado un amplio interés en la ciudadanía, dado el impacto que este presunto esquema ha tenido en las finanzas personales de las víctimas. La investigación de la Fiscalía y las auditorías de la Corte serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
Fuente: ABC Color
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