La asignación de una camioneta Ford F150 Raptor, incautada en operativos contra el crimen organizado, a Salma Agüero, ministra de la Secretaría de la Juventud, ha generado una ola de críticas y dudas sobre la correcta aplicación de la Ley 576. Esta normativa designa a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) como responsable de administrar bienes decomisados, priorizando su uso en la lucha contra el narcotráfico.
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La abogada Alejandra Peralta calificó como un “desvirtuamiento” de la ley la entrega indiscriminada de bienes a instituciones que no están directamente relacionadas con la seguridad o la justicia. “No se puede distribuir como si fuera un carnaval entre instituciones públicas”, señaló.
Santiago Arza, secretario general de SENABICO, justificó la asignación argumentando que la camioneta no era requerida por organismos de seguridad, como la SENAD o la Policía Nacional, y que su uso por la Secretaría de la Juventud se alinea con labores preventivas vinculadas al plan Sumar. Sin embargo, admitió que el vehículo permanece en estado de incautación y no tiene sentencia de comiso, lo que complica su inscripción en el Registro Automotor.
La decisión también fue cuestionada debido a la falta de chapa en el vehículo, un problema recurrente en los bienes incautados. Arza anunció que solicitará un informe a la Secretaría de la Juventud para aclarar su uso y justificar su circulación.
Para la abogada Peralta, este tipo de asignaciones genera un precedente negativo, ya que los bienes incautados deberían destinarse prioritariamente a instituciones que trabajan directamente contra el crimen organizado. “Es preocupante que se utilicen estos recursos para fines ajenos a su propósito original”, señaló.
La camioneta, que pertenecía al contrabandista Fabio Costa, alias “Pingo”, fue entregada a la Secretaría de la Juventud en septiembre, bajo el argumento de evitar que quedara inutilizada en un depósito. Sin embargo, la falta de una sentencia definitiva sobre su decomiso plantea dudas legales.
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El uso de bienes incautados ha sido un tema recurrente de debate en el país. La percepción de que estos recursos se utilizan de forma discrecional afecta la confianza en SENABICO y en las instituciones públicas en general. La ley establece que estos bienes deben ser utilizados de manera provisional, siempre que no interfieran con su destino final, como subastas o procesos judiciales.
Organismos de control y la ciudadanía demandan mayor transparencia en los procesos de asignación y la aplicación estricta de la Ley 576 para garantizar que estos recursos beneficien directamente la lucha contra el crimen organizado.
Fuentes: Megacadena/ Última Hora
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