Gentileza El Observador.
El Tribunal de Sentencia dictó una histórica resolución en un caso de corrupción municipal que involucró el desvío de más de G. 2.663 millones de fondos públicos. El exintendente de Nueva Colombia, Nelzo López, recibió una condena de 8 años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 4 años.
Resolución del tribunal
El tribunal, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Caceres y Yolanda Morel, determinó la culpabilidad de López por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La sentencia incluyó su reclusión inmediata en una penitenciaría debido al alto riesgo de fuga.
La resolución judicial alcanzó a otros funcionarios y colaboradores. Marcelo Simbrón, actual intendente de Paraguarí, recibió una pena de 3 años y 8 meses. El exsecretario general Lorenzo Cabrera fue condenado a 5 años de prisión. María Yudith Dávalos, José María Ferreira y Gustavo Adolfo Benítez deberán cumplir 4 años y 6 meses de reclusión.
Mecanismos del fraude
Las investigaciones revelaron que el perjuicio a la comuna se ejecutó mediante la emisión y cobro irregular de cheques durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. López personalmente efectivizó 60 cheques en 2013 y 9 más en 2014, utilizando fondos municipales para beneficio personal.
El tribunal comprobó la existencia de 13 contratos por obras que fueron pagados en su totalidad pese a no cumplir con los requisitos de calidad y cantidad establecidos. Las irregularidades incluyeron sobrefacturación y pagos por trabajos incompletos o deficientes.
Impacto en fondos especiales
Las investigaciones detectaron irregularidades en el manejo de fondos de Royalties y Fonacide. Solo en 2013, los procesados cobraron 73 cheques por G. 1.123.695.000 sin documentación respaldatoria. Los fondos estaban destinados a obras específicas que no se ejecutaron según lo establecido.
Absoluciones fundamentadas
El tribunal absolvió a tres personas: Arnaldo Acosta, exdirector de Catastro; Gustavo Lorenzo Ayala, funcionario de Atlantic Construcciones; y Hugo Ariel Barcello, chofer. La decisión se basó en la falta de pruebas sobre su conocimiento del destino final de los fondos.
Gravedad del caso
La presidenta del tribunal, Ana Rodríguez, enfatizó la excepcional gravedad del caso por la frecuencia de los hechos punibles y el impacto en la comunidad. El daño trasciende el perjuicio patrimonial, afectando derechos colectivos de todos los habitantes de Nueva Colombia.
Origen de la investigación
El caso se inició tras detectarse irregularidades en la presentación de documentación administrativa en diciembre de 2015. La falta de respaldos documentales en balances, inventarios y extractos bancarios de cuentas de Royalties y Fonacide desencadenó una investigación exhaustiva.
Auditoría reveladora
Una auditoría detectó la emisión de cheques nominales a funcionarios municipales sin respaldo documental. La verificación in situ confirmó pagos excesivos por obras incompletas o deficientes.
El perjuicio total ascendió a G. 2.663.315.462, incluyendo fondos de Royalties, Fonacide y recursos genuinos de la municipalidad. Solo en fondos genuinos, López cobró 14 cheques por G. 115.300.000 sin justificación institucional.
Contratos irregulares
Se identificaron 13 contratos con irregularidades entre 2013 y 2015, abarcando obras de infraestructura, educación y mejoramiento urbano. Los montos de perjuicio variaron desde G. 7.693.000 hasta G. 141.417.000 por contrato.
Roles en el esquema fraudulento
La investigación estableció responsabilidades específicas para cada condenado, desde la autorización de pagos hasta la fiscalización deficiente de obras. El esquema involucró funcionarios municipales, contratistas y colaboradores externos.
Fiscalización deficiente
La falta de documentación respaldatoria y la participación de fiscalizadores de obras facilitaron los pagos irregulares. Víctor Manuel Paniagua y Mirtha Invernizzi fueron señalados por su rol en la aprobación de obras sin sustento técnico.
Impacto en fondos especiales
Las irregularidades afectaron significativamente los fondos de Royalties y Fonacide, recursos destinados al desarrollo municipal. La malversación comprometió proyectos de infraestructura y educación fundamentales para la comunidad.
Fuente: El Observador
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