Un grave incidente de corrupción policial sacudió Ciudad del Este cuando tres agentes intentaron apropiarse de un cargamento de 430 kilos de cocaína que resultó pertenecer al Primer Comando Capital (PCC), desatando una crisis que llegó hasta los más altos mandos de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando un subcomisario, una oficial y un agente retirado interceptaron un cargamento de cocaína de alta pureza que tenía como destino Brasil. Los uniformados exigieron un millón de dólares al portador brasileño para liberar la mercancía.
Tras conseguir el dinero exigido, el ciudadano brasileño fue despojado de la suma sin que le devolvieran el cargamento. Esta situación provocó que el afectado reportara el incidente a los verdaderos dueños de la droga: el PCC, la organización criminal más poderosa de la región.
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La respuesta del grupo criminal fue contundente. Comenzaron una serie de amenazas de muerte contra todos los involucrados en la incautación, especialmente contra los policías que ejecutaron la “mexicaneada”, término utilizado para describir el robo de drogas entre criminales.
La presión fue tan intensa que los agentes se vieron obligados a devolver la mitad del dinero obtenido. Sin embargo, las amenazas continuaron hasta que la situación llegó a oídos del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quien ordenó el inmediato desmantelamiento de la cúpula policial implicada.
El caso expuso graves irregularidades en la institución policial. Entre ellas, la participación de un agente que, pese a estar retirado, continuaba operando como policía activo, evidenciando la falta de control de los altos mandos en la región Este del país.
Este incidente coincide con la creciente expansión del PCC en la Triple Frontera, que ya alcanza la provincia argentina de Misiones. Recientemente, un grupo comando con presuntos vínculos con la organización criminal atacó una unidad de Infantería argentina en Eldorado, resultando en la muerte de un agente y el robo de armamento.
Las autoridades argentinas vincularon el ataque con la banda de Rodrigo Leonel Centurión, alias Chela, cuyos miembros habrían ingresado ilegalmente al territorio argentino el 20 de diciembre. Los investigadores señalan que las armas robadas coinciden con el tipo de armamento utilizado por el PCC.
La situación se enmarca en un contexto regional complejo, donde el PCC controla el tráfico de drogas en Paraguay y expande sus operaciones hacia Argentina. Según medios argentinos, la organización utiliza avionetas para transportar marihuana y cocaína, lanzando pequeños cargamentos que son posteriormente recogidos y trasladados hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires.
El incidente también coincide con un reciente informe del Washington Post que describe la hidrovía Paraguay-Paraná como la “superautopista de la cocaína”. La investigación destaca cómo esta vía fluvial de más de 3.000 kilómetros y 150 puertos es utilizada para el transporte de drogas a través de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.
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La publicación estadounidense también menciona la crisis en la cooperación entre la DEA y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), situación que podría afectar importantes investigaciones sobre los vínculos entre el narcotráfico y la política.
Este caso evidencia la compleja realidad de la Triple Frontera, donde la corrupción policial y el poder del crimen organizado desafían constantemente la autoridad estatal, creando un entorno propicio para la expansión de organizaciones criminales transnacionales.
Fuente: La Política Online
