El exministro del Interior Walter Bower (izquierda) en el Palacio de Justicia de Asunción. Foto: Rodrigo Villamayor.
Walter Bower, exministro del Interior, ha sido trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para cumplir una condena de 15 años de prisión por actos de tortura contra policías en el año 2000. La decisión fue tomada por el Tribunal de Sentencia de Feria tras el rechazo de su ingreso al Penal Militar de Viñas Cué por falta de espacio.
El caso involucra también al comisario retirado Merardo Palacios, sentenciado a seis años de prisión, y a Osvaldo Javier Vera Espínola, expolicía condenado a 12 años, quienes cumplirán sus condenas en la misma institución. Los hechos se remontan a la época del gobierno de Luis Ángel González Macchi, cuando se perpetraron torturas contra los policías Alfredo Cáceres y Jorge López.
Las víctimas fueron sometidas a torturas en la Comisaría 11.ª Metropolitana y la Infantería de la Marina, bajo la acusación de haber participado en un intento frustrado de golpe de Estado. El Tribunal confirmó que las torturas no se limitaron a agresiones físicas, sino que incluyeron actos de denigración, algunos de los cuales fueron ordenados directamente por Bower durante su presencia en las instalaciones de la Marina el 21 de mayo.
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La gravedad del caso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a emitir una condena contra el Estado paraguayo por múltiples violaciones, incluyendo detención ilegal, tortura y vulneración de garantías judiciales y protección judicial de las víctimas.
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El traslado de Bower a la Agrupación Especializada marca un hito en la historia judicial, representando la condena de un exministro del Interior por delitos de tortura. La sentencia refleja los esfuerzos por establecer responsabilidades en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el poder estatal.
Los hechos ocurridos en el año 2000 dejaron una marca profunda en la historia institucional del Paraguay, evidenciando prácticas represivas que persistían en las fuerzas de seguridad. La condena, tanto a nivel nacional como internacional, establece un precedente importante en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos en el país.
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