La jueza en lo Penal, Celia Estela Salinas de Armoa, dictaminó que el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, debe hacer pública la totalidad de la deuda financiera municipal. Esta resolución surge como respuesta al amparo constitucional presentado por Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), ante la falta de transparencia sobre el destino de G. 500.000 millones.
El fallo judicial establece que la Municipalidad deberá publicar en su sitio web institucional un informe detallado de todas sus deudas financieras. Esto incluye los montos recibidos de bancos, financieras, cooperativas y cualquier otra entidad o persona dedicada a la concesión de créditos, independientemente de si están reguladas por la Superintendencia de Bancos o el Incoop.
#OcurrióHoy | «Nenecho» deberá revelar deuda municipal por orden judicial
La jueza Celia Estela Salinas de Armoa dispuso que el intendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez publique un informe detallado sobre la deuda financiera de la comuna.
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— Radio Ñandutí (@nanduti) February 5, 2025
La resolución exige la presentación pormenorizada de cada emisión de bonos pendiente de pago, con información específica sobre las casas de bolsa y demás intermediarios financieros participantes. El documento deberá incluir las fechas exactas de contratación y vencimiento de cada obligación, así como la identificación completa de todos los acreedores involucrados.
La jueza ordenó además que se presenten todos los comprobantes de pagos realizados y un desglose detallado de los pagos pendientes, discriminando capital e intereses en sus diferentes modalidades: compensatorios, moratorios y punitorios. Esta información permitirá realizar un análisis completo del estado financiero de la Comuna.
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La orden judicial requiere que la Municipalidad presente la documentación completa de los contratos firmados, incluyendo anexos y modificaciones, junto con los actos normativos y administrativos que autorizaron cada endeudamiento.
El plazo establecido para cumplir con estos requerimientos es de 10 días, considerando que la información anteriormente enviada a la Contraloría General de la República fue insuficiente.
Fuente: Última Hora
