Aumentan casos de maltrato animal sin denuncias formales en el país

El país registra un aumento significativo en los casos de maltrato animal, según reportes de activistas y organizaciones protectoras. Durante el último fin de semana se documentaron cinco incidentes graves de crueldad animal, incluyendo la muerte de un gato en el compartimiento de equipaje de un autobús de larga distancia, situación que generó indignación en redes sociales.

La abogada y activista Edith Ortiz documenta la escalada de casos, que incluyen el ahorcamiento de un perro en Caacupé, el disparo a una perra en Kambyretá, la situación precaria de un pitbull en Pilar y el envenenamiento masivo de gatos en Asunción. Sin embargo, la mayoría de estos incidentes no se formalizan en denuncias oficiales debido al temor a represalias por parte de los testigos.

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La legislación vigente establece sanciones que van desde multas de 5 a 1.500 jornales mínimos hasta penas privativas de libertad de hasta seis años para casos de maltrato animal. No obstante, la efectividad de estas medidas se ve comprometida por la falta de denuncias formales y el seguimiento institucional correspondiente.

La Dirección de Protección Animal, bajo la dirección de Héctor Rubín, reporta la recepción de aproximadamente 25 denuncias semanales. La institución se encuentra en proceso de establecer un convenio con la Dirección Nacional de Transporte para regular el traslado seguro de mascotas en servicios de transporte público, en respuesta al reciente incidente del felino fallecido.

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Los activistas anuncian una manifestación para el 28 de febrero, exigiendo un encuentro con el Presidente Santiago Peña para discutir la implementación de sanciones más severas contra el maltrato animal. La protesta surge ante la percepción de falta de interés gubernamental en la problemática del bienestar animal.

Las autoridades instan a la ciudadanía a realizar denuncias formales a través del portal web www.bienestaranimal.gov.py. La Dirección de Protección Animal destaca que, desde 2024, los casos más graves pueden recibir penas de hasta seis años de prisión, evidenciando un endurecimiento en el marco legal para combatir estos delitos.

Fuente: ABC Color