La Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ha emitido un requerimiento formal a cinco empresas de cobranzas, exigiendo información detallada sobre expedientes judiciales y profesionales vinculados al caso conocido como “la mafia de los pagarés”. El pedido se realiza bajo apercibimiento de secuestro, allanamiento e inicio de investigaciones por frustración de la ejecución penal.
Los fiscales solicitan la presentación de planillas electrónicas en formato Excel que incluyan el listado completo de expedientes en poder de las empresas de gestión de cobranzas. La información requerida debe detallar los nombres de apoderados y abogados representantes en las demandas, tanto tramitadas como finiquitadas, ante los Juzgados de Paz de la Capital.
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El Ministerio Público fundamenta su solicitud en las evidencias encontradas en los libros de retiro de profesionales correspondientes a los Juzgados de Paz capitalinos. La investigación busca identificar a todos los abogados vinculados directa o indirectamente con las empresas, ya sea como apoderados o patrocinantes de demandas de preparación de juicios ejecutivos.
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La orden fiscal exige que la información incluya números telefónicos y direcciones de estudios jurídicos de los profesionales involucrados, especialmente cuando estos no mantienen oficinas en las dependencias de las empresas investigadas. El requerimiento se ampara en los artículos 193 y 195 del Código Procesal Penal, relativos al secuestro de objetos o documentos.
Las empresas tienen un plazo de cinco días hábiles para remitir la información solicitada a la Unidad N° 4 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada en las calles 15 de agosto y Haedo de Asunción. El incumplimiento podría resultar en allanamientos según el artículo 187 del Código Procesal Penal y en posibles cargos por frustración de la persecución penal.
Fuente: La Nación
