EmpleaPY: Investigación sobre la automatización de procesos para las políticas de empleo en Paraguay. TEDIC
Desde 2018, el gobierno paraguayo ha implementado plataformas digitales para gestionar ofertas de empleo, primero con “Para Empleo” y ahora con “EmpleaPy”. Estas herramientas, gestionadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), manejan información personal sensible de decenas de miles de ciudadanos en búsqueda de trabajo. Sin embargo, estos avances tecnológicos operan en un contexto de notable vulnerabilidad: Paraguay sigue siendo uno de los pocos países en América del Sur que no cuenta con una ley integral de protección de datos personales.
Una reciente investigación realizada por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales revela que, lejos de resolver esta carencia legal, el Estado paraguayo planea profundizar la implementación tecnológica. Según confirmaron fuentes del MTESS, en noviembre de 2024 se incorporarán sistemas de toma de decisiones automatizadas (ADM) —es decir, inteligencia artificial— para gestionar postulaciones y realizar matching entre candidatos y empleadores.
Este desarrollo ocurre mientras los datos personales de los ciudadanos paraguayos quedan en un limbo legal, sin garantías claras sobre su almacenamiento, procesamiento o posible compartición con terceros.
De ParaEmpleo a EmpleaPy: Una historia de innovación sin salvaguardas
La historia de estas plataformas comienza en 2019, cuando Paraguay se convirtió en uno de los pioneros regionales al implementar tecnologías avanzadas en políticas públicas de empleo. Con un préstamo de 170.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se lanzó ParaEmpleo, una plataforma que utilizaba un sistema de matching semántico basado en IA desarrollado por la empresa suiza Janzz Technology.
En 2023, con el cambio de gobierno, la plataforma fue rediseñada y rebautizada como EmpleaPy, desarrollada internamente por el MTESS. Aunque, contrario a la percepción general, los funcionarios del ministerio confirmaron durante entrevistas que actualmente el sistema no implementa inteligencia artificial y que el matching entre candidatos y ofertas laborales se realiza manualmente, existe un proceso automatizado para validar perfiles con sistemas del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Registro de Obrero Patronal (REOP).
“El interesado, que por ejemplo es un chofer, puede aplicar a un llamado a un call center o a un puesto de informático, dependerá del empleador si está interesado en contactarlo”, explicaron funcionarios del MTESS durante las entrevistas realizadas para la investigación, evidenciando la flexibilidad actual del sistema.
No obstante, este panorama cambiará sustancialmente ya que desde noviembre de 2024, estaba previsto implementar módulos con IA para evaluar habilidades blandas y competencias específicas, asignando puntajes automáticos que determinarán el porcentaje de coincidencia entre candidatos y vacantes.
Un sistema que recopila datos sensibles sin garantías legales
La plataforma EmpleaPy no opera con datos triviales. Para registrarse, los usuarios deben proporcionar información extremadamente sensible: nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, dirección, historial laboral, nivel educativo e incluso datos sobre pertenencia a pueblos indígenas o discapacidades.
Estos datos se sincronizan con el sistema de identidad electrónica del MITIC y se almacenan en una base de datos cifrada según estándares ISO 27001. Sin embargo, en ausencia de una ley integral de protección de datos personales, no existen garantías sobre el tiempo de almacenamiento, posibles usos secundarios o mecanismos de eliminación de esta información.
“No se observa que exista un consentimiento de la persona usuaria para el procesamiento de sus datos explícitamente. Sin embargo, las Instituciones asumen que al inscribirse en el sistema Emplea Py y activar su perfil con el sistema de identidad electrónica, la persona está otorgando dicho consentimiento”, destaca la investigación, evidenciando la precariedad del manejo de datos.
Esta situación plantea serias dudas sobre qué sucedió con los datos recopilados durante la fase anterior (ParaEmpleo). “Existe incertidumbre sobre si la empresa Janzz Technology, propietaria del software de la versión anterior, retuvo los accesos o las bases de datos, lo cual podría implicar un riesgo para la privacidad de los datos personales”, advierte el informe.
Los riesgos de implementar IA sin un marco regulatorio adecuado
Cuando se implementen los módulos de IA previstos para noviembre de 2024, los riesgos para los derechos fundamentales aumentarán exponencialmente. Sin un marco regulatorio adecuado, no existen garantías contra potenciales sesgos algorítmicos que podrían afectar desproporcionadamente a grupos vulnerables.
La investigación señala que “no existe aún un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, sus datos personales, sus discriminaciones o errores para que la herramienta sea lo más inclusiva posible”. Este vacío resulta particularmente preocupante considerando que la plataforma está dirigida principalmente a personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
“Algunas empresas buscan chofer, pero a su vez quieren que se encarguen de gestiones, llamadas y trabajo de secretaría, esto tenemos que limitar y orientar mejor a los empleadores para evitar excesos”, reconocieron los funcionarios del MTESS durante las entrevistas, evidenciando algunos de los desafíos ya presentes en el sistema actual.
El contraste con estándares internacionales
Según el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable (2024), Paraguay ocupa el puesto 84 de 138 países, evidenciando importantes deficiencias en transparencia y protección de datos. Mientras la mayoría de los países desarrollados y vecinos regionales como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile cuentan con leyes integrales de protección de datos, Paraguay sigue operando con un marco fragmentado y obsoleto.
La paradoja resulta evidente: mientras el país avanza decisivamente en la implementación de tecnologías de vanguardia como parte de su Agenda Digital (respaldada por un préstamo de 130 millones de dólares del BID), no ha logrado establecer las salvaguardas mínimas para proteger los derechos de sus ciudadanos en este nuevo entorno digital.
Hacia un equilibrio entre innovación y protección de derechos
La investigación concluye con recomendaciones concretas para abordar estas vulnerabilidades:
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El caso de EmpleaPy ilustra un desafío fundamental para Paraguay: cómo equilibrar la necesaria innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales. La implementación de sistemas automatizados y de inteligencia artificial en políticas públicas no puede avanzar sin las garantías legales correspondientes. Este equilibrio no solo es técnicamente posible, sino éticamente necesario.
Descargá la investigación completa de TEDIC y Derechos Digitales en: https://www.tedic.org/empleapy/
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