Foto: Arcenio Acuña.
La Cámara de Apelaciones Penal 4ª Sala ha confirmado por unanimidad la condena de tres años de prisión contra el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, por cohecho pasivo agravado.
El tribunal también ratificó la pena de dos años y seis meses para el funcionario judicial Rafael Luis María Ramírez Doldán como cómplice del hecho punible. Los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Andrea Vera Aldana y Belén Agüero Cabrera desestimaron los recursos presentados por las defensas contra la sentencia dictada el 7 de agosto de 2023.
Según quedó establecido durante el juicio oral, Bajac Albertini solicitó una coima correspondiente al 5% del monto establecido en un litigio de indemnización por daños y perjuicios entre la empresa Cal Agro SA y la Industria Nacional del Cemento.
La investigación determinó que, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, el entonces ministro de la Corte Suprema exigió el pago a cambio de emitir un voto favorable a la empresa demandante en el proceso que involucraba G. 3.700 millones.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que Bajac realizó 583 llamadas utilizando un número telefónico registrado a nombre de Aida Rosa Quiñónez, hecho que el tribunal calificó como “nunca aclarado”.
La geolocalización de antenas confirmó las reuniones entre el exministro y los involucrados, tanto en su despacho oficial como en su domicilio particular ubicado en las calles Adolfo Riquelme y Torreani Viera de Asunción.
El esquema de corrupción incluía un mecanismo para encubrir la coima mediante un acuerdo de pacto de cuota litis que incorporaría como abogado de Cal Agro al profesional Juan Carlos Ávila Meza, impuesto por el propio Bajac.
En las negociaciones participaron también la abogada Laura Olmedo y el relator de la Corte, Gustavo Franco. El Tribunal de Sentencia destacó que todos los implicados tenían una relación de cercanía, dependencia o subordinación con el exministro, calificando como “inverosímil” que Bajac desconociera el pedido de dinero.
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La detención de Ramírez Doldán se produjo durante un operativo de entrega vigilada en la plaza de la Justicia, donde se recuperaron G. 50.000.000. Esta operación fue ordenada judicialmente y supervisada por la Policía Nacional y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, tras meses de seguimiento al caso iniciado cuando el expediente ingresó a la Sala Civil de la Corte Suprema el 18 de mayo de 2017.
Aunque las condenas han sido confirmadas, ambos procesados mantendrán las medidas alternativas a la prisión hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.
Fuente: ABC Color
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