Foto: Archivo.
La jueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot, presentó su renuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apenas un día después de que el pleno de la máxima instancia judicial resolviera suspenderla sin goce de sueldo.
Esta decisión se produjo en el marco de las investigaciones sobre el caso conocido como “Mafia de los pagarés”, un esquema de corrupción que ha sacudido el sistema judicial.
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La renuncia fue comunicada a través de una nota presentada por el abogado Mario Elizeche al presidente del Consejo de Superintendencia de la CSJ, César Diesel, donde la magistrada expresó su “formal e indeclinable renuncia” a su condición como integrante del Poder Judicial.
La suspensión de González de Bristot, junto con la jueza de paz de La Encarnación, Analía Cibils Miñarro, respondió a un pedido formal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Este órgano contralor, en una sesión extraordinaria celebrada el pasado lunes, resolvió enjuiciar a ambas magistradas y solicitó su inmediata suspensión mientras se desarrollaban las investigaciones. La medida disciplinaria fue adoptada por unanimidad por el pleno de la Corte Suprema, evidenciando la gravedad de las acusaciones que pesan sobre las funcionarias judiciales implicadas en el entramado de estafas procesales.
La eventual aceptación de la renuncia por parte de la CSJ liberaría a González de Bristot de las investigaciones administrativas en curso, tanto en la máxima instancia judicial como en el órgano contralor de magistrados. Sin embargo, esta decisión no la eximiría de las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público, a través de un equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).
El pasado 10 de febrero, comitivas fiscales allanaron simultáneamente cinco juzgados de paz de la capital, incautando un total de 2.546 expedientes, de los cuales 784 corresponden al juzgado que estaba a cargo de la ahora magistrada renunciante.
Durante los procedimientos de allanamiento, los agentes fiscales también incautaron 647 expedientes del juzgado de Paz de La Recoleta, dirigido por el juez Víctor Nilo Rodríguez, y 721 expedientes del juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de la jueza Analía Cibils.
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Ambos magistrados se encuentran actualmente suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se secuestraron 275 expedientes del juzgado de Paz de La Catedral, Primer Turno, bajo la responsabilidad del juez Gustavo Villalba, y otros 119 expedientes del juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno, dirigido por la jueza Nathalia Garcete.
El caso de la “Mafia de los pagarés” salió a la luz tras la denuncia presentada por el abogado Jorge Rolón Luna, quien reveló que varios funcionarios judiciales, principalmente ujieres, habrían fraguado notificaciones de demandas por cobro de pagarés.
Fuente: ABC Color
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