Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela. Gentileza.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), sufrió un importante revés judicial al fracasar en su intento de suspender la audiencia preliminar programada para el 6 de marzo. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, especializado en Delitos Económicos, confirmó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia que eleva la causa a juicio oral y público por un presunto desfalco que asciende a G. 1.199 millones.
La jefa comunal, acusada de lesión de confianza junto a otras 11 personas, había presentado un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio N° 227 del 19 de junio de 2024. Sin embargo, el tribunal, conformado por los magistrados Silvana Luraghi, Claudia Criscioni y Gustavo Amarilla, declaró admisible el recurso pero confirmó la decisión del juez por considerarla “debidamente fundamentada”, imponiendo además las costas procesales a la parte perdidosa.
Según la acusación formulada en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel, Fernández habría encabezado una red de corrupción creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para malversar fondos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y Royalties durante el año 2019.
El caso salió a la luz cuando concejales municipales —Fabián Flecha, Giraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos— verificaron los documentos publicados por la Contraloría General de la República (CGR) y descubrieron que las obras reportadas como ejecutadas eran inexistentes. Estos proyectos fantasmas habrían costado al municipio más de mil millones de guaraníes.
De acuerdo con la investigación fiscal, la red operaba mediante un sofisticado esquema donde la intendenta y el tesorero municipal, Christian Flecha, emitían cheques a nombre de Liz Fleitas (representante legal de MLF Constructora) y Blásido Candia (representante legal de BC Constructora). Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras, era el encargado de “supervisar” y dar el visto bueno a trabajos que nunca se realizaron.
El Tribunal de Apelaciones señaló en su resolución que Fernández intentó obstaculizar el proceso judicial al interponer recursos que afectaban a otros procesados, careciendo de legitimación activa para “reclamar derechos en nombre de otras personas”. Esta estrategia habría paralizado el avance normal del proceso penal, según indica el documento.
Los magistrados subrayaron además que “la mera interposición de un recurso de casación no interfiere ni hace paralizar el trámite ordinario en esta etapa del proceso penal”, especialmente cuando no se ha dictado ninguna medida cautelar por parte de la Corte Suprema de Justicia.
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La compleja trama también habría involucrado a las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, encargadas de procesar la documentación, así como a Sergio Flecha (hermano del tesorero), quien presuntamente recibía el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras implicadas. Los fiscales también identificaron a César Muñoz, de BC Construcciones, quien habría endosado cheques al tesorero, y a Inocencio López, presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, quien endosó cheques para BC Constructora.
Este caso representa uno de los múltiples episodios de presunta corrupción en gobiernos municipales, donde los fondos destinados al desarrollo local son desviados mediante esquemas que involucran a funcionarios públicos y empresas privadas. La causa contra Fernández avanza hacia un juicio oral que podría establecer un precedente importante en la lucha contra la malversación de recursos públicos en gobiernos locales.
Fuente: ABC Color
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