La abogada Alejandra Peralta presentando la acción de inconstitucionalidad contra el fallo del JEM.
Una nueva batalla judicial se abre en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que absolvió a la jueza Gloria Machuca. Esta magistrada es señalada por haber censurado al empresario Christian Chena y al medio de comunicación RDN.
RDN y Christian Chena fueron censurados tras publicar denuncias de corrupción contra Giselle Mousques y su marido Darío Filártiga, cuando este ocupaba el cargo de Presidente en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Este hecho ha generado preocupación en diversos sectores sobre el uso de la censura judicial como mecanismo de protección para figuras políticas cuestionadas.
La decisión del JEM ha sido ampliamente criticada por juristas y defensores de la libertad de expresión, quienes sostienen que la jueza vulneró derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.
Los impulsores de la acción han recusado a los ministros de la CSJ César Garay y Manuel Ramírez Candia, quienes, además de integrar el máximo tribunal, forman parte del JEM. La recusación se fundamenta en el hecho de que uno de ellos declaró públicamente que la censura impuesta a RDN no constituía una violación a la libertad de expresión.
Este caso pone a prueba la capacidad de la CSJ para garantizar la tutela efectiva de los derechos constitucionales. La censura impuesta por la jueza Machuca podría sentar un precedente peligroso para la prensa y la libertad de expresión en el país.
Diversos sectores esperan que el máximo tribunal actúe con independencia y asegure el derecho a la información sin interferencias políticas o corporativas. La resolución que adopte la CSJ será clave para determinar si se imparte justicia o si, por el contrario, se fortalece la impunidad dentro del sistema judicial.
La controversia en torno a la jueza Gloria Machuca refleja un problema más amplio dentro del sistema judicial, donde las decisiones pueden verse influenciadas por intereses políticos. La acción de inconstitucionalidad presentada busca revertir una decisión que muchos consideran injusta y contraria a los principios de la libertad de prensa.
La ciudadanía y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales estarán atentas a la decisión de la CSJ, que definirá si se respeta el derecho a la información o si persisten las maniobras para proteger a magistrados cuestionados.
Fuente: RDN
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