Foto: María Teresa Blanco.
La Cámara de Diputados sigue sin pronunciarse sobre el pedido de desafuero del legislador colorado Esteban Samaniego, investigado por la Fiscalía en un caso de presunto desfalco en la Municipalidad de Quyquyhó. A más de un año de la primera solicitud, el Ministerio Público reiteró en dos ocasiones su requerimiento sin obtener respuesta.
El fiscal Silvio Corbeta, encargado del caso, informó que en febrero de este año volvió a solicitar que Samaniego sea desaforado para ser sometido a la Justicia. La investigación lo vincula con el supuesto desvío de más de G. 1.100 millones de la comuna administrada por su esposa, la intendenta Patricia Corvalán. En la causa también están implicadas su madre, Blanca Álvarez, y el empresario Andrés Arrúa Brítez.
Según la Fiscalía, los fondos habrían sido adjudicados a la empresa BH Services, representada por Arrúa Brítez, bajo contratos de construcción que, presuntamente, nunca fueron ejecutados. Parte del dinero desviado habría sido utilizado para refaccionar una vivienda del legislador y su esposa en el barrio San Vicente de Asunción.
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El proceso judicial contra los demás imputados sigue avanzando, pero la falta de decisión en la Cámara de Diputados impide que la Fiscalía pueda proceder contra Samaniego. De acuerdo con Corbeta, las pruebas presentadas son concluyentes y justifican un enjuiciamiento público.
El Ministerio Público presentó la primera imputación en diciembre de 2023 y, desde entonces, los pedidos de desafuero han sido ignorados. En marzo de 2024, la solicitud fue reiterada sin obtener respuesta por parte de los legisladores.
Fuente: ABC Color
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