Foto: Renato Delgado, archivo.
La senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, junto con su hijo Giovanni Divitto Aquino y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, fueron denunciados penalmente ante el Ministerio Público. La acusación surge tras revelarse presuntas irregularidades en la contratación del joven en la institución pública.
La denuncia fue presentada este jueves por la abogada Teresa Flecha, quien solicitó la designación de un fiscal para la apertura de una investigación. Según la denuncia, tanto la senadora como su hijo estarían implicados en hechos de cobro indebido de honorarios y tráfico de influencias, mientras que Ojeda y otros funcionarios del INE enfrentan acusaciones por lesión de confianza y producción de documentos públicos con contenido falso.
“Estamos denunciando a las personas implicadas. Esperamos que se pueda designar a un fiscal en la brevedad posible para que comiencen las investigaciones”, manifestó la abogada Flecha tras presentar la denuncia ante la fiscalía.
El caso tomó relevancia luego de que se hiciera público que Giovanni Divitto Aquino, hijo de la legisladora, contaba con privilegios laborales dentro del INE. Su horario de trabajo y condiciones contractuales habrían sido modificados en beneficio propio, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el proceso de contratación.
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Ante la controversia, Divitto Aquino presentó su renuncia a finales de febrero, argumentando que su decisión era “irrevocable”. En su carta de dimisión, afirmó que ponía fin a su contrato de prestación de servicios con el INE. Sin embargo, la presentación de la denuncia sugiere que la investigación podría continuar para determinar si hubo responsabilidad penal en el caso.
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El abogado Rubén Paredes, quien también intervino en la denuncia, señaló que el proceso abarca a otros funcionarios del INE que habrían participado en la contratación del joven. Según sus declaraciones, la investigación busca esclarecer la posible existencia de una estructura de influencias dentro de la institución.
Las autoridades del Ministerio Público analizarán las pruebas presentadas y determinarán los siguientes pasos en el proceso judicial. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre la transparencia en la gestión pública y el acceso a cargos dentro de las instituciones estatales.
Fuente: Última Hora
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