El Ministerio Público reveló una preocupante estadística sobre violencia familiar en el país. De acuerdo con su oficina de datos abiertos, se registraron 7.513 denuncias durante enero y febrero de 2025, evidenciando una tendencia al alza en comparación con años anteriores.
Las cifras indican un promedio de 127 víctimas atendidas por día durante los primeros dos meses del año, lo que representa un incremento significativo frente a las 103 víctimas diarias registradas en 2024 y las 94 reportadas en 2023. Específicamente, en enero de este año se atendieron 4.031 víctimas, mientras que en febrero la cifra alcanzó 3.482 casos.
Este elevado número de denuncias está poniendo a prueba la capacidad de respuesta del sistema judicial paraguayo. La brecha entre los casos ingresados y aquellos que culminan con sentencia definitiva es alarmante, lo que sugiere una sobrecarga en el aparato de justicia del país.
El informe también revela que durante todo el 2024, la justicia paraguaya emitió apenas 72 condenas por violencia familiar, siete por feminicidio y cinco por tentativa de feminicidio. Esta cifra contrasta dramáticamente con las 4.198 causas por violencia familiar que ingresaron al Poder Judicial durante ese mismo año.
La situación se torna aún más compleja al considerar que actualmente existen 27.430 causas abiertas en los juzgados de Paz relacionadas con violencia doméstica y contra la mujer, lo que indica un considerable represamiento de casos dentro del sistema judicial.
A nivel geográfico, el departamento Central encabeza la lista con 3.328 casos reportados, seguido por Asunción con 1.050 y Alto Paraná con 735. Otros departamentos con cifras significativas incluyen Caaguazú (386), Itapúa (346) y Cordillera (290). En el extremo opuesto, las regiones con menor número de denuncias son Alto Paraguay (6), Boquerón (22) y Ñeembucú (48).
En San Pedro se registraron 261 casos, en Amambay 186, en Guairá 153, en Concepción 126, en Presidente Hayes 118, en Paraguarí 131, en Misiones 126, en Canindeyú 130 y en Caazapá 71. Estos números reflejan la distribución territorial del problema en todo el país.
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Especialistas en la materia advierten que estas cifras podrían representar solo la punta del iceberg, ya que muchos casos de violencia familiar nunca son denunciados debido al miedo, la dependencia económica o la normalización de la violencia en ciertos contextos sociales.
La situación plantea serios desafíos para las autoridades, que deben enfrentar no solo el aumento en las denuncias, sino también la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de proteger a las víctimas y procesar a los agresores. Es urgente implementar políticas públicas más efectivas que aborden tanto la prevención como la respuesta a la violencia familiar, garantizando un acceso efectivo a la justicia para todas las víctimas.
Fuente: Judiciales.net
