El ex diputado Orlando Arévalo intensificó su ofensiva judicial contra el juez Osmar Legal, acusándolo de manipular pruebas en el caso de los polémicos chats de Eulalio “Lalo” Gomes. La ampliación de la denuncia eleva el conflicto a nuevas dimensiones legales, mientras Arévalo enfrenta sus propias investigaciones por supuesto lavado de dinero.
De prevaricato a frustración de la persecución penal
La estrategia judicial de Orlando Arévalo, representado por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, tomó un giro significativo al expandir los cargos contra el juez especializado contra el Crimen Organizado, Osmar Legal. Inicialmente denunciado por prevaricato, ahora Legal enfrenta acusaciones por frustración de la persecución y ejecución penal, denuncia falsa y quebramiento del depósito, en el marco del explosivo caso de los chats de “Lalo” Gomes.
La ampliación presentada al Ministerio Público sostiene que existiría “una estructura delictiva integrada por Osmar Legal” con el objetivo específico de ”destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal”. Según Arévalo, estas acciones buscarían evitar la apertura de causas penales y frustrar la persecución judicial, permitiendo que la información pueda ser utilizada “selectivamente con fines extorsivos probablemente con motivación política y/o económica”.
El documento detalla que el 5 de diciembre, el juez Legal solicitó como anticipo de prueba la extracción de datos de los aparatos celulares incautados durante los múltiples allanamientos realizados el 19 de agosto, operativo en el que resultó abatido el diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Arévalo denuncia que Legal designó a un perito, aparentemente personal policial, para realizar la extracción de datos de manera “selectiva, sugestiva y manipulada”.
El trasfondo de un escándalo institucional
Este enfrentamiento judicial se enmarca en un escándalo de mayores proporciones que sacudió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras la revelación de los polémicos chats del fallecido diputado Gomes. Estas conversaciones expusieron un presunto esquema de corrupción que implicaba a Arévalo en una red de favores, blanqueos a jueces, fiscales y tráfico de influencias durante su presidencia en el organismo extrapoder.
La gravedad de las revelaciones fue tal que derivó en la renuncia de Arévalo a su banca como diputado, en un intento por contener el daño político. Sin embargo, lejos de silenciar el caso, su salida del Congreso parece haber intensificado tanto las investigaciones como su contraofensiva judicial.
El abogado Duarte Cacavelos calificó la situación como “el operativo más grande montado a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios” relacionados con hechos penalmente relevantes, señalando directamente al juez Legal como autor material. Esta acusación eleva significativamente la tensión en el ya complicado panorama judicial paraguayo, poniendo en entredicho la integridad de los procesos vinculados al caso Gomes.
Acusador acusado: la investigación paralela contra Arévalo
Mientras el ex diputado intensifica su ofensiva contra el juez Legal, él mismo enfrenta una investigación por graves delitos. La Fiscalía de Lambaré abrió una causa para investigar a Arévalo y a su esposa, la concejala lambareña Carolina González, por los supuestos hechos de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.
La investigación se centra en la contratación de la empresa Rehobot Construcciones para realizar refacciones en su vivienda de Lambaré, valoradas en 2.400 millones de guaraníes. Según declaraciones del abogado Juan Martín Barba a NPY, los pagos por estos trabajos se realizaron en efectivo, con el diputado y su esposa supuestamente transportando el dinero en maletines, evitando la emisión de facturas, lo que podría constituir lavado de dinero.
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Paralelamente, Arévalo es señalado por presuntamente haber denunciado a la misma empresa constructora para forzar el pago de un saldo de 400 millones de guaraníes. Esta denuncia habría resultado en la imputación de los representantes de la empresa por parte de la fiscala Sandra Ledesma, quienes enfrentaron incluso un pedido de prisión que finalmente no fue concedido por el juzgado.
El caso Arévalo-Legal ejemplifica la compleja crisis institucional que atraviesa el sistema judicial paraguayo. Entre acusaciones cruzadas, denuncias de manipulación de pruebas y sospechas de operaciones ilícitas, se dibuja un panorama donde la justicia parece haberse convertido en un campo de batalla político. La resolución de estas denuncias cruzadas pondrá a prueba la independencia y capacidad del sistema judicial para investigarse a sí mismo, mientras la ciudadanía observa con escepticismo el desarrollo de una trama que conecta poder político, judicial y presuntas redes de corrupción.
Fuente: ABC Color
