El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) denunció la existencia de verdaderos “cementerios de equipos” de terapia intensiva en los hospitales públicos. La doctora Rosanna González, vocera de la organización, reveló que aproximadamente el 60% de los aparatos de neonatología utilizados en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se encuentran descompuestos y abandonados en los pasillos de los centros asistenciales. Esta situación compromete severamente la capacidad del sistema sanitario para atender a pacientes en estado crítico, particularmente a los recién nacidos que requieren cuidados especializados.
Según la representante del Sinamed, el Ministerio de Salud Pública carece de un presupuesto específicamente destinado al mantenimiento y reparación de estos equipos vitales. “Hay muchísimos equipos de terapia intensiva de neonatología que están descompuestos; en todos los servicios hay equipos que están esperando una reparación y el Ministerio de Salud no tiene previsto su mantenimiento y tampoco un presupuesto destinado a su reparación. Hace cuatro años que no se hacen estas reparaciones”, afirmó González. La falta de inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo ha generado un progresivo deterioro del parque tecnológico hospitalario, afectando directamente la calidad de atención médica.
La situación evidencia no solo problemas presupuestarios sino también deficiencias en la gestión de infraestructura hospitalaria. González señaló que los equipos averiados ni siquiera cuentan con un lugar adecuado para su almacenamiento: “Son muchos los hospitales y puedo decir que todos, ni siquiera están en un depósito porque están en los pasillos, en las entradas de la terapia nomás se ponen todos los equipos rotos”. Entre los aparatos inoperables se encuentran elementos fundamentales para la atención neonatal como respiradores, servocunas e incubadoras, cuya falta pone en riesgo la vida de los recién nacidos que necesitan asistencia médica especializada.
El problema no se limita a los equipos completamente averiados, sino que también afecta a aquellos que continúan en funcionamiento pero presentan deficiencias significativas. “Estos equipos que están hoy funcionando también tienen defectos; por ejemplo, hay muchas servocunas que tienen rotura a los costados y no proporcionan la seguridad que debe brindar la cuna a un recién nacido”, explicó la profesional. Esta situación genera preocupación entre el personal sanitario, que debe trabajar con equipos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y eficiencia. Como medida preventiva, los terapistas exigen participar en los procesos de licitación para la compra de nuevos equipos, buscando garantizar la calidad y evitar la adquisición de aparatos de menor costo que resulten ineficientes a largo plazo.
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Las consecuencias de esta crisis se manifiestan en la imposibilidad de brindar una atención adecuada a los pacientes. González advirtió que muchos pacientes que se encuentran en terapia intensiva no pueden ser trasladados a terapia intermedia debido a la carencia del equipamiento necesario, lo que genera un cuello de botella en el sistema y reduce la disponibilidad de camas UTI para nuevos ingresos. Esta situación ya ha tenido desenlaces fatales, como el reciente fallecimiento de un recién nacido en Pilar debido a la falta de una unidad de terapia intensiva operativa, según confirmó el propio director de terapias del Ministerio de Salud.
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Las autoridades sanitarias han reconocido la gravedad del problema. Arturo Cáceres, director de terapias del Ministerio de Salud Pública, admitió en declaraciones a Radio Monumental que actualmente el sistema de salud cuenta con 616 unidades de terapia intensiva disponibles, pero aproximadamente entre 190 y 200 de estas unidades (30-35%) no están operativas debido a fallas en equipos biomédicos, problemas de infraestructura y falta de personal médico calificado. “Las necesidades cambian en el tiempo. Es muy complejo, pero los números son prácticamente entre el 65 y 70% operativas actualmente”, reconoció el funcionario. Este reconocimiento oficial confirma la dimensión de una crisis que afecta directamente a la población más vulnerable y plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema público para responder adecuadamente a las necesidades sanitarias del país.
Fuente: Última Hora
