Santiago Peña y Lula da Silva. AP
Organizaciones políticas y ciudadanas cuestionan duramente la decisión del presidente Santiago Peña de detener las tratativas sobre el Anexo C de Itaipú con Brasil, exigiendo acción inmediata y soberana.
Un contundente comunicado conjunto emitido por diversas organizaciones políticas y ciudadanas califica como “traición a la patria” la reciente decisión del presidente Santiago Peña de suspender las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú Binacional. El documento, titulado “Peña reafirma posición entreguista en Itaipú”, critica severamente la postura adoptada por el mandatario ante uno de los temas más sensibles para la soberanía energética del país.
Las organizaciones firmantes cuestionan específicamente que el supuesto espionaje brasileño a Paraguay, utilizado como justificación para la suspensión de las negociaciones, debería haber provocado el efecto contrario. “Paraguay debería ejercer su soberanía y acelerar –no detener– la revisión del Anexo C”, sostienen, argumentando que tal episodio “debería haber motivado el repudio contra quien perpetró tal agresión” y, en lugar de postergar, “exigir al Estado brasileño acelerar la revisión” de dicho anexo.
El comunicado señala una contradicción fundamental en la política energética del actual gobierno, destacando que desde agosto de 2023 existían “condiciones ideales” para ejercer la soberanía hidroeléctrica paraguaya, momento en que “el costo del servicio pasó a ser mínimo”. Sin embargo, critican que Peña “le entregó al Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio de exportación inferior al que rigió desde el 2009 al 2021”, período durante el cual “todas las cotizaciones de energía subieron notoriamente”.
Una de las interrogantes más punzantes planteadas en el documento cuestiona: “¿Por qué Peña entrega a Brasil nuestra energía de Itaipú a un precio inferior al que el mismo Lula aceptó pagar y pagó ya hace 15 años?”. Esta pregunta pone en evidencia la preocupación de los firmantes respecto a una posible regresión en las condiciones negociadas previamente con el país vecino, en detrimento de los intereses nacionales.
Las organizaciones interpretan la suspensión de las negociaciones como un intento deliberado de “prolongar la abierta violación del Tratado de Itaipú”, argumentando que se mantiene una “ilegal tarifa” mayor al costo del servicio, contraria a lo establecido en el tratado binacional. Según denuncian, esto permitiría que “sobre un remanente de uso discrecional en Itaipú”, facilitando situaciones como “pagar USD 32 millones lo que vale USD 5 millones, como ha ocurrido con los pupitres de oro”, haciendo referencia a denuncias previas de sobrefacturación y malversación.
El documento enfatiza que, conforme al Tratado, la energía de Itaipú debería ser actualmente accesible tanto para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como para los usuarios paraguayos, “con una tarifa igual al costo”. En contraste, sostienen que “Brasil debe pagar un precio de mercado”, siguiendo el modelo ya implementado en el Mercosur para la exportación de energía eléctrica y el precedente establecido por el gas natural boliviano exportado a Brasil “referidos a precios de mercado, desde hace décadas”.
Entre las demandas concretas, las organizaciones firmantes exigen la “inmediata revisión del Anexo C de Itaipú”, un resarcimiento por la deuda espuria declarada ilegal por la Contraloría General de la República y la exportación de la energía no consumida de Itaipú a precio de mercado, acorde a las condiciones actuales del mercado energético regional.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales, incluyendo al Partido Revolucionario Febrerista, Paraguayo Soberano, Partido Liberal Radical Auténtico, Yo Creo, Partido de la A, Participación Ciudadana, Paraguay Pyahura, País Solidario, Democrático Popular, Frente Amplio y Partido del Frente Patriótico Teeté, además de la ex senadora Kattya González, figura destacada de la oposición.
Esta controversia se produce en un momento particularmente sensible para las relaciones bilaterales entre Paraguay y Brasil, tras las denuncias de espionaje y en pleno proceso de redefinición de los términos del aprovechamiento hidroeléctrico compartido. La decisión de suspender las negociaciones ha intensificado el debate nacional sobre la soberanía energética y la capacidad del Paraguay para hacer valer sus derechos sobre los recursos hidroeléctricos compartidos.
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La postura del gobierno, sin embargo, ha sido justificar la suspensión como una medida prudencial ante la situación generada por las denuncias de espionaje, argumentando que es necesario restablecer un clima de confianza antes de avanzar en negociaciones de tal envergadura para los intereses nacionales.
El debate sobre Itaipú trasciende las fronteras de lo meramente técnico para convertirse en un tema de profunda significación política, económica y simbólica para la identidad nacional paraguaya, lo que explica la vehemencia de las reacciones ante cualquier percepción de concesión o debilidad frente a los intereses brasileños en la administración compartida de uno de los mayores recursos energéticos del continente.
Fuente: Última Hora
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