El diputado Mauricio Espínola, perteneciente al movimiento Fuerza Republicana, presentó un pedido de informes dirigido a la Superintendencia de Valores con el objetivo de esclarecer posibles vínculos financieros del presidente de la República, Santiago Peña, con empresas adjudicadas por el Estado. El documento, entregado ayer al mediodía, busca ser tratado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para hoy.
La solicitud exige a la Superintendencia, órgano dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), información detallada sobre la tenencia de bonos por parte del mandatario, especificando montos, fechas de adquisición y entidades emisoras desde el 15 de agosto de 2023, fecha de inicio del actual gobierno. También se solicita información sobre ventas o cobros efectuados por Peña en el mismo periodo, incluyendo montos, fechas y entidades receptoras.
G. 2,5 billones públicos en 19 meses: socios de Peña se benefician en su gobierno
Según Espínola, este pedido responde a observaciones públicas que apuntan a que empresas donde Peña tendría o habría tenido participación accionaria o bonos, habrían sido beneficiadas con contratos mediante licitaciones públicas y operaciones de entes binacionales. El legislador argumenta que, al estar en juego fondos estatales, la ciudadanía tiene derecho a conocer los vínculos patrimoniales del jefe de Estado con las firmas adjudicatarias.
No obstante, el tratamiento del documento podría verse obstaculizado por cuestiones reglamentarias. La solicitud fue presentada menos de 24 horas antes del inicio de la sesión de hoy, lo que podría dar lugar a que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (Honor Colorado), postergue su tratamiento alegando incumplimiento de plazos establecidos en el reglamento interno.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Este pedido se produce en un contexto de creciente exigencia ciudadana hacia la transparencia en la administración pública, especialmente respecto a la declaración de bienes y participación empresarial de altos funcionarios. Espínola remarcó que el control legislativo no solo es legítimo, sino necesario cuando se trata del uso de recursos públicos.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta oficial por parte de la Superintendencia de Valores ni del entorno del presidente Peña sobre el contenido del pedido de informes.
Fuente: ABC Color







