La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) emitió dictamen con modificaciones a un proyecto de ley que propone establecer sanciones económicas de hasta G. 1.000 millones para quienes comercialicen ilegalmente residuos metálicos. La iniciativa busca frenar el creciente robo de cables y el contrabando de metales como cobre y aluminio, afectando tanto a empresas estatales como al fisco nacional.
El proyecto de ley, presentado por cinco senadores, establece un marco regulatorio para el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, así como de plásticos PET. Entre los puntos centrales se encuentra la creación del Registro Nacional de Comercio de Residuos Metálicos, obligatorio para personas físicas y jurídicas que realicen actividades de acopio, procesamiento, fundición o exportación.
La normativa incluye como infracción la comercialización de materiales sustraídos de entes públicos como ANDE, Copaco y operadores de televisión por cable. También prohíbe la venta de tapas de medidores, registros y otros insumos pertenecientes a instituciones públicas o privadas. Las sanciones previstas van desde apercibimientos hasta multas de entre 1.000 y 10.000 jornales mínimos, con posibilidad de suspensión de actividades comerciales hasta por un año.
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El dictamen incorpora la participación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en los controles, junto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio del Medioambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en un esfuerzo conjunto para desalentar el contrabando internacional de metales. Se estima que el país pierde anualmente alrededor de USD 100 millones en concepto de evasión fiscal por esta actividad.
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Entre las modificaciones incorporadas, también se estipula sancionar a quienes declaren facturaciones inferiores a los valores de referencia internacional establecidos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a fin de transparentar el flujo de exportaciones y evitar el subregistro de operaciones.
Por su parte, representantes del sector industrial como Carlos Mangadeira, de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, valoraron el avance del proyecto, especialmente en zonas como Canindeyú. Señaló que lugares como Pindoty Porã y Corpus Christi siguen siendo focos de contrabando sin control estatal. Expresó que la aprobación de esta ley podría contribuir significativamente a formalizar el comercio de residuos metálicos, mejorar la recaudación fiscal y proteger los bienes públicos.
Fuente: ABC Color
